La portavoz de Vivienda, Mar Rominguera, ha subrayado hoy las mejoras introducidas por el PSOE en el Real Decreto-Ley para la protección de deudores hipotecarios, que posibilitan el respaldo del grupo socialista, a la vez que ha hecho un llamamiento a trabajar por un acuerdo de todos los grupos para dotar al país de una ley que garantice de manera estable la protección a deudores hipotecarios.
"No podemos conformarnos con aplazar el problema, hay que buscar una solución permanente", ha reclamado la portavoz de Vivienda. Tras recordar que "hasta ahora este Gobierno en lugar de coordinar e impulsar la actuación de las diferentes administraciones con competencia en materia de vivienda, se ha dedicado a obstaculizar su acción", Rominguera ha explicado que "este Decreto-Ley ofrece el compromiso de no agilizar los desalojos por un tiempo, pero lo fundamental es establecer el marco normativo adecuado y, en coordinación con las distintas administraciones, garantizar la eficacia de este derecho, de modo permanente".
Para Rominguera, esta nueva prórroga de la moratoria hipotecaria por tres años, "plazo propuesto por el PSOE frente a los dos que estimaba el Gobierno", recordó, "debe servirnos para poder llegar a un acuerdo de todos los grupos y dotar al país de una ley que garantice de manera estable la protección de quiénes de buena fe y por causa sobrevenida no pueden hacer frente al pago de sus deudas".
Además de la ampliación del plazo a 3 años conseguida por el PSOE, la portavoz de Vivienda repasó en su intervención algunas de las mejoras introducidas en el acuerdo "a propuesta del Grupo Socialista, fruto de reivindicaciones ciudadanas", como ampliar el colectivo de las personas bajo el umbral de exclusión a todas las familias con hijos menores de edad, a los deudores en desempleo, a familias con una víctima por violencia de género, a las familias monoparentales con hijos y a las familias que convivan con personas discapacitadas.
También explicó que los socialistas han exigido que "el derecho de readquisición de la vivienda que debe establecer el Gobierno en favor de los ejecutados se realice sobre precios actuales de mercado, es decir, no sobre precios inflados por la burbuja".
Además, "proponemos, entre otras medidas un límite máximo al canon por alquiler cifrado en la capitalización al tres por ciento del valor de la vivienda, al tiempo de la aprobación del remate y con tasación aportada por el deudor beneficiario de la medida, conforme a la regulación del mercado", y "establecer en beneficio del deudor un límite mínimo a la duración del alquiler de cinco años", añadió.
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