CSI-F afirma que los agentes medioambientales son “actores esenciales” en la aplicación de la Ley de Pesca, y son los conocedores de la problemática que ha ocasionado la aprobación de la ley de pesca en vigor, sin ser consensuada con los colectivos afectados”.
CSI-F critica la introducción de nuevos colectivos que se dediquen a la vigilancia e inspección de los ríos, “cuando ya existe un cuerpo cualificado de agentes medioambientales, que llevan desarrollando las funciones de vigilancia y gestión de la pesca en Castilla y León desde hace décadas”. Para el sindicato independiente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “ha dado muestras más que palpables del total desprecio por el trabajo de los agentes medioambientales, que intentan llevar a cabo a pesar de negarles los medios de trabajo necesarios para poder desempeñar sus funciones adecuadamente”.
El sindicato cree que la aparición de estas nuevas figuras de agentes auxiliares (vigilantes profesionales o voluntarios), sin capacidad para realizar actas de inspección o denuncias, ni para suspender la actividad en caso de que se estén produciendo infracciones, tal y como se recoge en los artículos 69-3 y 69-6, de la Ley de Pesca de Castilla y León, suplantarán las funciones de los empleados públicos, mediante subterfugios de vigilantes voluntarios pertenecientes a asociaciones de pescadores, o de “entidades instrumentales del sector público”.
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