Los policías que pasan a segunda actividad vienen denunciando una pérdida retributiva considerable, al tiempo que exigen que se mantenga la categoría y el nivel administrativo conseguido, unos derechos adquiridos tras una larga trayectoria profesional que hay que respetar, exige CSI-F. El sindicato valora positivamente las referencias realizadas por todos los grupos políticos, en el debate de los presupuestos, en alusión a la profesionalidad del empleado público, pero insiste en que hay que seguir negociando con las administraciones la recuperación de las retribuciones y las condiciones laborales perdidas en los últimos años de crisis; y ampliar la oferta de empleo público, para reponer la totalidad de las plazas vacantes por jubilaciones y otras circunstancias que no se han cubierto, porque la tasa del 50% autorizada por el Gobierno central es insuficiente.
La nueva modificación negociada en el nuevo artículo 35 de la Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, indica que el procedimiento del paso a segunda actividad se iniciará mediante la presentación de una solicitud del interesado, al menos con nueve meses de antelación, a la fecha en la que el policía quiera pasar a segunda actividad. Si pasa este plazo sin que haya una resolución o una respuesta expresa, la petición de segunda actividad se entenderá aceptada. También se suprime la frase “El paso a destino de segunda actividad estará supeditado a la existencia de destino adecuado”, prevista inicialmente en la modificación, para garantizar el paso a esa segunda actividad. Además, también se elimina la posibilidad de que la segunda actividad pueda tener “supresión, reducción o modificación de la jornada, horario y otras condiciones de desarrollo de la actividad”, como se indicaba anteriormente.
CSI-F, que reconoce la buena predisposición y la voluntad de acuerdo de la Junta, en este asunto de la segunda actividad, recuerda no obstante que quedan otros problemas importantes que hay que afrontar, en el tema de la Policía Local, como es la elevada edad media de los agentes de buena parte de las policías locales de la Comunidad; y la necesidad de ampliar las plantillas. El sindicato independiente insiste en que las administraciones no pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana, un servicio público esencial. Esta modificación es una de las cuatro enmiendas aceptadas por el PP en la propuesta presentada de los Presupuestos General de 2014, que ya los ha aprobado en las Cortes; al igual que la recuperación de 2 de los 3 'moscosos' del personal de centros sanitarios, eliminados en 2012.
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