La entrada en vigor de la Ley 1/2013 permitió que muchas familias víctimas de desahucios continuaran residiendo en sus viviendas. Tras acogerse a las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios incluidas en dicha ley, todas estas familias se beneficiaron de la suspensión de los lanzamientos sobre sus viviendas. En el plazo de tres meses, la Ley dejará de estar en vigor y muchos de estos ciudadanos estarán nuevamente en situación de ser desahuciados.
La Plataforma Stop Desahucios denuncia el vacío legal que la pérdida de vigencia de la Ley 1/2013 podría provocar y las consecuencias que podría tener para todas aquellas familias que en su momento pudieron aplazar el desahucio de su vivienda habitual. Si el Gobierno no aporta nuevas soluciones, todas estas personas podrían tener que abandonar sus viviendas a mediados de mayo.
Una vez finalizado el aplazamiento, las entidades financieras propietarias de las viviendas, podrán legalmente ejecutar los desahucios en cualquier momento. Por ello, nuestra Plataforma exige al Gobierno las medidas legales necesarias para evitar que esta terrible situación sea una realidad.
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