jueves. 14.12.2017 |
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Los ganaderos podrían optar a un contraanálisis en los positivos de brucelosis y tuberculosis

Los ganaderos podrían optar a un contraanálisis en los positivos de brucelosis y tuberculosis

La moción presentada por David Carrión (Ciudadanos) ha sido aprobada este viernes en el Pleno de la Diputación.  La medida pretende instar a la Junta de Castilla y León a realizar una segunda prueba, a reducir el plazo de los pagos y a establecer criterios diferenciadores a la hora de conceder la cuantía de las indemnizaciones.

En los últimos días se conocía la noticia de que los casos de brucelosis y tuberculosis bovina en Castilla y León siguen descendiendo, llegando en algunos casos al 0% de positivos (como en la campaña de brucelosis de este año), o en menos del 2% en el caso de la tuberculosis. 

Sin embargo, se trata de unos datos "que hay que cogerlos con pinzas", según explicaba este viernes David Carrión en el Pleno de la Diputación tras el conocimiento de un reciente caso en Palencia. 

Según los datos de los diferentes sindicatos agrarios, a lo largo del año 2015, y a la espera de tener toda la información en lo relativo a 2016, en nuestra Comunidad se sacrificaron 6.148 vacas tras dar positivo en las pruebas de tuberculosis, de las cuales solo 1713 dieron positivos “post morten”. Lo que quiere decir que 4.435 vacas se mataron "sin ningún motivo", a juicio del portavoz de Ciudadanos. "En caso de existir y autorizarse esta segunda prueba o contraanálisis no hubieran causado baja", lamentaba. 

Por eso, el responsable de la formación naranja presentaba este viernes una moción para instar a la Junta de Castilla y León, en primer lugar, a autorizar una segunda prueba o contraanálisis a los ganaderos que así lo soliciten en el caso de las pruebas de brucelosis y tuberculosis bovina. En segundo lugar, a acortar los plazos de pago de las indemnizaciones a los ganaderos por el sacrificio de sus vacas positivas (unas ayudas que Carrión tildaba de "auténtica miseria" en determinados casos). Y, por último, a instar a la Junta de Castilla y León a establecer criterios diferenciadores a la hora de conceder la cuantía de las indemnizaciones, basados en el cuidado y calidad de los animales afectados. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

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