miércoles. 13.12.2017 |
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Plan de choque para frenar el aumento de la violencia en las cárceles

Plan de choque para frenar el aumento de la violencia en las cárceles

El Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha accedido a redactar un protocolo para afrontar el incremento de las situaciones de violencia y las agresiones a empleados públicos en las cárceles españolas, que denuncia de manera reiterada la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito.

Instituciones Penitenciarias ha trasladado a CSIF un borrador de protocolo tras los incidentes producidos en los últimos meses, y las lesiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios. Según datos recabados por nuestros delegados sindicales, en el último año se han registrado al menos 220 agresiones de internos al personal funcionario (54 graves), lo que supone una agresión de media cada dos días, superando los incidentes violentos del año pasado.

El borrador de protocolo marca la necesidad de analizar la situación, los riesgos existentes en el medio penitenciario para diseñar medidas preventivas y recursos para detectar las situaciones de riesgo y las actuaciones a llevar a cabo en caso de sufrir una agresión. El documento ya apunta algunas causas relacionadas con la organización: déficits en las medidas de seguridad, no disponer de medios de protección, falta de personal, falta de procedimiento de actuación y rotación sistemática de los trabajadores.

Además, Instituciones Penitenciarias admite que no se dispone de un registro único y específico de agresiones que sufren los empleados públicos penitenciarios: más de 15.000 funcionarios y funcionarias que realizan su actividad dentro de la estructura penitenciaria con personas privadas de libertad que en un porcentaje elevado presentan una mayor prevalencia de comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas

CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo) que dejó fuera a la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Pues bien, tras nuestras denuncias por los episodios crecientes de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales, que fueron atendidas por la Comisión de Interior del Congreso, Instituciones Penitenciarias ha redactado ya un borrador de protocolo para Prisiones que negociaremos para mejorar la manera de afrontar este problema.

Déficit en las plantillas

Según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos diez o quince años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.

Además, en los últimos tres años, se ha producido una merma de 904 efectivos (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013). En este sentido, CSIF reclama un plan de recursos humanos para diseñar una oferta de empleo público a varios años y un decreto que permita ampliar la oferta de empleo para 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en funciones.

En el medio penitenciario, hasta ahora no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.

Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación, favoreciendo la movilidad de puestos de trabajo a los afectados.

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