Escisión en la mesa negociadora. Según afirman desde UGT, la negociación no se ha podido alcanzar debido a que la Junta de Castilla y León "no ha querido atender reivindicación alguna de la parte social, y a cambio pretende detraer derechos de los trabajadores y otorgarse capacidad discrecional para modificar la relación laboral de sus empleados".
Desde la central sindical se han presentado durante la fase negociadora 9 alegaciones iniciales, más de 80 alegaciones parciales al articulado y 12 propuestas básicas, en un intento final de alcanzar un nuevo convenio.
Después de todo ello, vista la propuesta presentada por la Administración y su "postura inflexible", la FeSP-UGT de Castilla y León ha adoptado la decisión de poner fin a la negociación y proponer la prórroga del convenio vigente hasta el 1 de julio de 2017, tal y como garantiza la cláusula de ultraactividad ya recogida en el mismo
Igualmente, desde el sindicato proponen el compromiso de revisión de la jornada laboral cuando se produzca la restauración total o parcial en el seno de la Administración de la comunidad y el mantenimiento del empleo público como pilar fundamental. "UGT seguirá trabajando por ofrecer unos servicios públicos de calidad y un marco laboral más adecuado", concluyen.
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