Si hace pocas fechas el punto de fricción entre equipo de gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Zamora estaba relacionado con el contrato de la ORA, ahora la polémica surge en torno a la Sociedad de Turismo y a las expropiaciones que está negociando el Ayuntamiento de Zamora para tratar de liberar el mayor tramo de muralla posible. En este sentido, Clara San Damián ofrecía el viernes por la mañana una rueda de prensa para ofrecer el punto de vista del partido de la oposición.
Horas después, el Alcalde de Zamora, Francisco Guarido, respondía con un comunicado oficial. En él, y sobre la Sociedad de Turismo, Guarido explicaba: “Los Liquidadores de la Sociedad, entre los que se encontraba un exteniente de Alcalde en el anterior mandato y un representante de Azehos, proceden a comunicar al Registro Mercantil la disolución de la Sociedad de Turismo el 3 de octubre de 2016, publicándose en dicho Boletín el 4 de noviembre de 2016. Así pues se ha dado cuenta de esta disolución al Pleno del Ayuntamiento lo antes posible. El informe técnico al respecto es de 28 de noviembre”.
En cuanto a las expropiaciones, Guarido apostillaba: “El proceso comienza en el año 2010 al solicitar los propietarios la expropiación y ser denegada por el Ayuntamiento. Lo que es obvio es que la Sentencia firme si no se paga hay que añadirle los intereses. Lo que hizo este equipo de gobierno es pagar por recomendación de la Asesoría Jurídica Municipal en diciembre de 2015. La Sentencia es a favor de los propietarios y no tuvo en cuenta a los inquilinos ya que el equipo de gobierno anterior no se percató de ello. Por ello, lamentablemente la expropiación de los derechos de los inquilinos ha tenido que ser abordada por este equipo de gobierno. La Portavoz del PP ha sido teniente de alcalde en el anterior mandato y parece que algo de responsabilidad ha de tener en este asunto”.
Este comunicado oficial no tardó en tener respuesta, ya que el principal partido de la oposición remitía su réplica al respecto de los dos temas a debate. En relación a la Sociedad de Turismo, San Damián apunta: “La liquidación se aprueba por los liquidadores el 11 de junio de 2015 y por asamblea de accionistas el 8 de julio de 2015; siendo ya alcalde Francisco Guarido; quedando únicamente pendiente el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro Mercantil. Este paso no se realiza hasta un año y medio después. La liquidación ha estado en el cajón de Francisco Guarido un año y medio y ahora vuelve a intentar ponerse medallas. Dice el alcalde que esto se realiza el pasado 28 de noviembre de y que no se ha podido llevar antes a Pleno cuando se realizó uno el día 30 del pasado mes”.
Por último, la réplica sobre las expropiaciones va argumentada en los siguientes siete puntos:
1. La Sentencia de 2012 se limitó a obligar al Ayuntamiento a iniciar la expropiación de ese inmueble
2. Cuando el Ayuntamiento lo inicia, la Junta Territorial de Valoración determina el justo precio tomando en consideración la plena disposición del mismo por parte de los propietarios; fijándolo en un valor de 1,2 millones de euros.
3. Cuando el Ayuntamiento, gobernado por el anterior equipo de gobierno, tiene conocimiento de que existen alquileres, requiere a la propiedad para que informe de las características de los mismos.
4. El artículo 44 de la Ley de Expropiación Forzosa determina que es la Administración Expropiante la que debe pagar a los arrendatarios previa fijación por el Jurado de Expropiación del importe de la indemnización determinándose la cuantía con arreglo a la legislación arrendaticia
5. El actual equipo de gobierno, teniendo conocimiento en el expediente de, al menos, dos arrendatarios no inicia los trámites con los mismos para que reciban el importe de indemnización que les corresponda; restando su importe del fijado por la Juna de Valoración; y vulnerando sus derechos.
6. Frente a eso lo que hizo el Ayuntamiento gobernado por IU y el PSOE fue pagar a la propiedad y sólo posteriormente al conocer las reclamaciones de indemnización de los arrendatarios comenzar a realizar negociaciones con los mismos para que del dinero de todos los zamoranos se pague más que el justo precio que en su día determinó la Junta de Valoración.
7. En el caso en que el Ayuntamiento abone cantidad alguna a esos arrendatarios se estaría incurriendo en una grave responsabilidad legal y en una malversación de fondos públicos cuya única fundamentación estaría en la falta de capacidad en la gestión de un equipo de gobierno cegado por intentar presentar a los zamoranos objetivos conseguidos como es en este caso la liberación de un tramos de la muralla a costa del dinero de sus impuestos.
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