IU transcribe, por su “importancia” partes del informe que dicen por un lado que, “el presupuesto anual no se encuadra en ningún tipo de planificación presupuestaria a corto, medio ni largo plazo”. Por otro, “no se establecen objetivos de gasto, ni indicadores de eficacia. No se establecen, de hecho, políticas de gasto de ningún tipo.” Además añaden que como ya había dicho IU, “el volumen de modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio es tal que llega a desvirtuarse el carácter del Presupuesto como acto de planificación de la economía municipal durante el ejercicio”. Por otra parte la agrupación traduce que, lo que dice el Interventor es, “casi 13 millones de € se están pagando en estos momentos de forma ilegal, o si se quiere viciados de nulidad”. IU sigue traduciendo el informe, en este comunicado, “primero el político gasta y después se arreglan los papeles presionándole para que no ponga reparos y ninguneando constantemente su responsabilidad”.
Por último la agrupación transcribe de la evaluación del Interventor que, “una imagen de la Corporación difícil de presentar a la sociedad, como una entidad que anualmente se enriquece sin causa en torno al 20% de su presupuesto, aunque proceda a la compensación, sin la correspondiente valoración preceptiva, de dicho enriquecimiento” y dicen, “la situación de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Zamora, la ilustra con un ejemplo significativo, como es la fiscalización de los gastos de las fiestas de Navidad teniendo en cuenta que es el propio Interventor el que tiene que autorizar el gasto en base a la existencia de crédito y al cumplimiento de los trámites de legalidad”
Izquierda Unida concluye tras el informe que, el Interventor dice que el Presupuesto y las reglas legales económicas del gasto se las pasa el PP por el forro. El Presupuesto no sirve para nada, y, además la Alcaldesa prescinde de la legalidad ya que primero gasta, en torno al 20% del Presupuesto y después arregla los papeles. En 12 años la situación no ha cambiado, y el PP no tiene voluntad de cambiarla porque políticamente le conviene. Las empresas concesionarias de servicios se ven beneficiadas de la situación al seguir cobrando beneficios industriales de contratos inexistentes en torno a 13 millones anuales. El PP en vez de intentar arreglar la situación le echa la culpa al Interventor por su intento de hacer cumplir la Ley. De hecho el Concejal de Economía en la propuesta que lleva el lunes para pagar facturas puestas en entredicho por el Interventor arremete contra él y le acusa de entorpecer la tramitación de los pagos.
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