La Junta prioriza el empleo como el inicio y el fin de toda la acción de gobierno, y como la mejor política social. La economía, con un crecimiento cercano al 3 %, facilita el desarrollo de políticas que permitan desarrollar la legislatura más social y la legislatura del empleo.
El primer objetivo de la Consejería de Empleo es iniciar la negociación, dentro del dialogo social de una nueva ‘Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo 2016-2020’. La Estrategia se fundamentará en la planificación de las políticas activas de empleo en las que es necesario un consenso con los grupos políticos en el parlamento.
El compromiso de la Junta es dotar la Estrategia con un mínimo de 600 millones de euros para los cinco años de vigencia. Esto supone duplicar la cuantía destinada en el plan anterior. Castilla y león ha compensado años tras año la reducción de fondos finalistas del Estado llegando a ser la Comunidad que más fondos propios ha destinado a políticas activas de empleo.
La Estrategia Integrada de Empleo de la Comunidad será conforme a la ‘Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 y su objetivo es mejorar las oportunidades de empleo de todos los castellanos y leoneses. Es necesario hacer un trabajo diferenciado puesto que las dificultades son mayores para unos que para otros. Por lo tanto se ha priorizado a los jóvenes, a los mayores de 55 años, a los parados de larga duración, a las personas que hayan agotado las prestaciones por desempleo, a aquéllos que tengan cargas familiares, a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y a las personas en riesgo de exclusión social.
Intermediación y orientación
Se continuará trabajando en la mejora continua del Servicio Público de Empleo (ECYL) con un doble sentido complementario: posibilitar la ocupación de los demandantes de empleo, y facilitar a los empleadores la contratación de personas con la cualificación adecuada, así como generar cada vez mayor confianza en el servicio público de empleo para que el desempleado sepa que tiene a su lado un profesional capaz de ponerse en su lugar. Además se pondrá en marcha una nueva cartera de servicios orientada a las empresas.
Se impulsará el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a los desempleados para mejorar su ocupación y que incentiva a los participantes en acciones de orientación e inserción
Formación para el empleo
La Estrategia Integrada abarcará también las políticas de formación y cualificación profesional, con una oferta plural y ajustada a las necesidades del mercado de trabajo e impulsará acciones de cualificación para mejorar las posibilidades de obtención de empleo por parte de los trabajadores.
De la misma forma se va a continuar desarrollando acciones de formación en alternancia con el empleo, a través del Programa Mixto, como consecuencia de los altos índices de inserción laboral. También se continuará con los programas de formación dual en colaboración con las empresas y los de formación específica con compromiso de contratación, y las líneas de prácticas no laborales.
Por último se pondrá en marcha un nuevo sistema de formación para el empleo de trabajadores ocupados, actuando conjuntamente con los agentes y las administraciones que intervienen y centrando especialmente el desarrollo de este nuevo sistema de formación con la Formación Profesional educativa.
Fomento del Empleo
Desde la Consejería de Empleo se van a impulsar las acciones de fomento del empleo de forma especializada por territorios y por las personas, con el objetivo de aumentar la empleabilidad, la igualdad de oportunidades e impulsar un empleo estable y de calidad.
Por otra parte se van a destinar, a lo largo de la legislatura, 200 millones de euros a Planes de Empleo Local para prestar servicios de interés general en los ayuntamientos de la Comunidad.
A partir de 2016 los municipios deberán desarrollar programas específicos para hacer frente a la reducción demográfica, ligados a sectores productivos para potenciar recursos autóctonos que contribuyan a un mejor desarrollo sostenible de la Comunidad.
Además se pone en marcha un Plan de Empleo específico para municipios mineros con el objetivo de paliar la difícil situación de las comarcas mineras del carbón. De la misma forma se subvencionara, durante el primer año parte de la cuota de la seguridad social a los autónomos que se den de alta en estos municipios.
La Estrategia Integrada contará también con un Plan de Empleo Juvenil con una dotación de 120 millones de euros para completar el programa de Garantía Juvenil. La mejora del empleo juvenil implica una coordinación de la formación profesional para el empleo con la formación profesional reglada, e incrementar la sensibilidad de los jóvenes sobre las opciones del emprendimiento a través de iniciativas como ‘Aula Empresa’ así como mejorar la interlocución entre la Universidad y el sector empresarial.
Por último, la Estrategia incorporará un acuerdo para la Prevención de Riesgos laborales consensuado en el ámbito del diálogo social, acorde con las directrices de la Unión Europea y las establecidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igualdad y Conciliación
Durante la legislatura se fomentará la inserción laboral de las mujeres a través de las empresas y de la actividad propia, y se promoverá el ascenso profesional y su estabilidad en el empleo con planes de igualdad en las empresas. La inspección laboral incrementará la vigilancia para evitar la discriminación por razón de género.
La Estrategia contará también con medidas de conciliación laboral y familiar con actuaciones que implicarán la coordinación con otros departamentos de la Junta, en especial con la Consejería de Familia. La Junta redactará una Ley de Conciliación Familiar que espera contar con el máximo consenso.
Autónomos
Los trabajadores autónomos juegan un papel fundamental que permite el funcionamiento de la economía. El Gobierno Regional quiere acompañar al autónomo a lo largo de su vida profesional. En Castilla y León uno de cada cuatro trabajadores es autónomo, un índice aproximadamente, cinco puntos superior a la media nacional.
La Consejería pondrá en marcha el Consejo regional del Trabajo Autónomo, con funciones de participación y consulta de las organizaciones más representativas, y también se aprobará, durante el primer año de legislatura la Estrategia para el Autónomo que ayudará al inicio de nuevos proyectos y el asesoramiento sobre su viabilidad, además de mejorar la competitividad de su actividad.
Se pondrá en marcha una ayuda de 426 euros a los autónomos que habiendo cotizado por cese de actividad hayan agotado las prestaciones por desempleo, de forma similar a la existente para los trabajadores por cuenta ajena y vinculada también a acciones de orientación y formación.
Se promoverán también beneficios fiscales para emprendedores y autónomos y se establecerán nuevos servicios y apoyos a jóvenes emprendedores que favorezcan la decisión del trabajo por cuenta propia y la creación de nuevas empresas. Además se ponen en marcha líneas específicas de financiación para capital circulante e inversión a través de microcréditos y se priorizará, con las modificaciones normativas oportunas, la prioridad de pagos de importes inferiores a 3.000 euros, así como el compromiso de no implantar en la legislatura ningún impuesto propio nuevo que afecte a familias, PYMES o autónomos.
Economía Social
La Economía Social tiene un importante peso en la Comunidad con más de 4.000 cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Se estima una facturación de más de 4.000 millones de euros y unos 30.000 empleos.
Para facilitar la puesta en marcha de nuevas cooperativas, la reducción de cargas administrativas y desarrollar más actividad económica en el entorno rural se elaborará un proyecto de Ley de Cooperativas.
Por otra parte la Consejería de Empleo seguirá financiando el 50 % de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo. Se prestará un mayor apoyo a este colectivo de forma que se incrementará hasta el 75 % la financiación de los costes salariales de los nuevos contratos de personas con discapacidad más severa. El objetivo es incrementar un 20 % el número de personas que trabajen en centros especiales de empleo hasta llegar a los 5.000 trabajadores.
Autoridad laboral, empresa y trabajadores
La Consejería de Empleo tiene la condición de autoridad laboral en la Comunidad, por tanto las Oficinas Territoriales de Trabajo garantizan el cumplimiento de la normativa laboral y son el instrumento para la consecución del consenso entre empresarios y trabajadores.
En esta línea se incrementará el esfuerzo de colaboración para atajar la salida de la crisis económica y se continuará colaborando con los departamentos responsables en materia de industria para atajar las crisis empresariales que se puedan producir. Para ello la Consejería de Empleo cuenta con instrumentos como la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León (FAFECYL), y el SERLA que cuentan con una trayectoria eficaz contrastada.
También se continuará con la política de promover el acuerdo entre empresa y trabajadores en los expedientes de regulación de empleo suspensivos frente a los extintivos. Para ello se impulsará la regulación de los supuestos y el alcance de las ayudas para trabajadores y empresas afectados por ERES.
Vicepresidencia de la Junta
El trabajo de coordinación de la Vicepresidencia de la Junta tiene como objetivo las personas, sus problemas y sus necesidades. Y por ello dirigirá y coordinará la actividad del área social desarrollada por las distintas consejerías que gestionan los servicios esenciales, como son la educación, la sanidad, la protección y promoción social y la vivienda. El Diálogo Social contará con un nuevo impulso, incluso en el ámbito normativo, con el objetivo de ampliar el ámbito territorial y una mayor apertura de las medidas y acuerdos. De la misma forma corresponde a la Vicepresidencia el impulso del diálogo con los trabajadores autónomos. De esta forma se establece un objetivo fundamental que es el empleo como mecanismo y mejor respuesta posible a los retos demográficos de la Comunidad.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha establecido que la coordinación e impulso de los retos demográficos se realice desde la Vicepresidencia vinculándola a la Consejería de Empleo. La creación de empleo ya ha permitido, en periodos anteriores como el experimentado entre 2001 y 2008, el crecimiento de la población y la generación de saldos migratorios positivos. En ese periodo además se redujo el desempleo juvenil y también el saldo vegetativo negativo con el aumento de los nacimientos. En definitiva, los esfuerzos contra el desempleo se dirigen a la lucha contra la despoblación.
La vicepresidenta Rosa Valdeón dirigirá la Comisión General de Coordinación Territorial y la coordinación y dirección política de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en las provincias, cuya actividad se orienta en sintonía con el desarrollo de las políticas sociales y los retos territoriales descritos.
Jóvenes, familias e Inmigrantes
La Junta va a poner en marcha medidas específicas dirigidas a tres colectivos prioritarios en los que reside la capacidad demográfica: los jóvenes, las familias y los inmigrantes.
Para reducir la tasa de paro y mejorar los saldos migratorios se implantará de forma completa el programa de Garantía Juvenil. En cuanto a las familias, la comunidad lleva años impulsando medidas de apoyo a las que se añadirá el proyecto de Ley de Conciliación Familiar para responder a las necesidades de las familias y con el objetivo establecido por el Presidente de generar el germen de un futuro sistema de ámbito nacional.
La Comunidad ha demostrado ser siempre una tierra de acogida para la inmigración. Los objetivos que se establecen desde el Gobierno de la Comunidad es asegurar el acceso de los inmigrantes, en condiciones de igualdad a los servicios básicos de los ciudadanos y desarrollar los centros Integrales de Inmigración previstos en la Ley de Integración de los Inmigrantes de Castilla y León.
Sin embargo hay que recordar que la Junta no se puede arrogar la capacidad para resolver estos problemas. El margen de acción del sector público es limitado. Las dinámicas demográficas globales condicionan el modelo de sociedad, de forma que hay realidades como el menor número de hijos y el envejecimiento de la sociedad, que han de tener el apoyo social para evitar, en la medida de lo posible, el condicionamiento de estas realidades. Esto implica aspectos positivos en materia de nuevos yacimientos de empleo que vienen determinados por el aumento en la esperanza de vida y la necesidad de atención sociosanitaria a las personas mayores
Desarrollo Rural
La cohesión territorial es uno de los retos fundamentales en Castilla y León, en España y en Europa, dada la complejidad del medio rural. Es imprescindible impulsar infraestructuras y equipamiento que permitan un desarrollo económico que facilite un tejido social cohesionado en el los entornos rurales. Desde la Junta se insistirá al Gobierno de España a que impulse una estrategia nacional en materia de demografía y la Comunidad seguirá trabajando en la lucha contra la despoblación como principio rector y objetivo de todos los poderes públicos.
Para ello se prevé que las Diputaciones y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes destinen el 50%, de las cantidades que reciban de la Junta, a programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. Con este objetivo, a partir del año que viene, la participación en los Planes de Empleo Local estará ligada a la aprobación por las Entidades Locales de programas específicos para hacer frente a la crisis demográfica. La vicepresidenta, ofrece con este objetivo, iniciar de forma inmediata los encuentros con los grupos políticos representados en la Cortes para lograr un pacto en materia demográfica que el Presidente de la Junta ya planteó al conjunto de las administraciones territoriales y a los grupos parlamentarios.
Diálogo Civil
La coordinación de las políticas sociales permite mayor eficiencia y estas políticas bien desarrolladas dan sentido a las acciones de la Junta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El autonomismo útil es apostar por buenos servicios públicos en la educación, en la sanidad y dependencia, y en los servicios sociales. Estos servicios son intensivos en capital humano y en empleo.
Para lograr mejorar los servicios públicos se necesita una mayor implicación de toda la sociedad y para ello es imprescindible impulsar un Proyecto de Ley de Diálogo Civil que tiene el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en los suministradores de los servicios esenciales. El diálogo se creará con el Tercer Sector en las políticas de servicios sociales, de las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en la política educativa y con las asociaciones de pacientes en la política de Salud.
La coordinación del área social se basará en seis puntos fundamentales: el primero se centra en la prioridad presupuestaria que la Junta ha establecido para las políticas sociales, con el proyecto de incorporar al Estatuto de Autonomía una garantía de gasto social mínimo del 80 %. En segundo lugar, la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, y tercero, en el desarrollo de un Plan de Inversiones Prioritarias que contará con una dotación próxima a los 600 millones de euros para impulsar infraestructuras y equipamientos sociales.
Los tres pilares restantes de esta coordinación se fundamentan en la mejora de la Red de Protección a las Personas y Familias para facilitar la transición de la atención social a la inserción laboral, en el impulso a la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y por último en garantizar la atención a las cuestiones específicas del medio rural.
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