Las actas levantadas en Zamora por la Inspección de Consumo de la Junta en 2014 han crecido un 30%, respecto al año 2005, al pasar de 770 a las 1.110 de 2014. Una situación “excepcional” y “positiva” respecto al conjunto de Castilla y León, donde se ha reducido un 45% esa cifra de actas realizadas, comparando esos dos años de referencia, al bajar de 11.946 a las 6.527 del pasado año. No obstante, en 2015 se ha tenido que recurrir a un interino, ante las bajas producidas de los inspectores. Palencia es la otra provincia de la Comunidad que también ha tenido un incremento de actas. Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) avisa de que esas cifras “reflejan muy bien que los resultados van ligados a la disposición de los recursos humanos con que cuenta el precario servicio de Consumo”, matiza CSI-F. Un dato “inquietante”, si además se tiene en cuenta que CSI-F denunció, hace seis meses, la situación de colapso en la que se encuentra la Inspección de Consumo en la Comunidad. CSI-F avisa de que, si la Junta no toma medidas para reforzar Consumo, “en menos de cuatro años no se podrá garantizar una efectiva defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León, por la falta de medios humanos.
CSI-F recuerda que la Dirección General de Comercio y Consumo pidió 10 nuevas plazas de inspectores para Castilla y León, y que hasta el momento sólo se han cubierto dos, una en Ávila y otra en Zamora, más la plaza convocada de forma urgente ahora en Soria para que –al menos- tenga un inspector. Aunque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración regional señala 55 plazas de inspectores en las nueve provincias de la Comunidad, tras el concurso de provisión de plazas del pasado mes de enero, sólo están cubiertas 37. En Zamora, la RPT marca cuatro puestos de inspectores pero hay tres.
Si no se abordan “de forma integral los problemas de la Inspección de Consumo, en menos de cuatro años no se podrá garantizar una efectiva defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León por falta de medios humanos cualificados”, advierte CSI-F. Por ello, ha presentado un escrito al consejero de la Presidencia, con competencia en Función Pública, al que se le insta a tomar medidas, “para evitar una mayor degradación del servicio de Inspección de Consumo”, según señala Mariano Prieto, presidente del sector de Autonomía de CSI-F.
La situación en cada provincia “varía en matices, pero empeora inexorablemente año tras año. Las jubilaciones dejarán en los próximos cuatro años la Inspección de Consumo, tanto en sus servicios centrales como periféricos, sin personal y sin haber transmitido su bagaje profesional a los nuevos inspectores que se incorporen”.
En este momento, y de manera activa, en Ávila trabajan dos de los cuatro inspectores que otorga la RPT; en Burgos cuatro de siete; en León siete de nueve; en Palencia tres de seis; en Salamanca cuatro de siete; en Segovia dos de cuatro; en Soria uno de tres (aunque está de baja y, por tanto, hace meses que no hay inspector); y en Zamora tres de cuatro. Sólo en Valladolid se mantiene el mismo número de inspectores que refleja la RPT, es decir, once.
Soria es, ahora, la provincia con el ratio más alto, con un único inspector para las más de 94.000 personas. Le sigue Burgos, con unos 92.200 habitantes por inspector; Salamanca, con unos 86.500 consumidores por inspector; Ávila, con 85.000; Segovia, con 81.000; León, con 70.000; Zamora, con 63.100; Palencia, con 55.800; y Valladolid, con 48.100 consumidores para cada uno de los inspectores. En este sentido, CSI-F exige que el ratio en la Inspección de Consumo de toda la Comunidad sea igual que la de Valladolid.
CSI-F mantenía en los últimos días un encuentro con la nueva directora general de Comercio y Consumo, Irene Núñez, a la que se le ha informado de los serios problemas que tiene Inspección de Consumo, muy especialmente la falta de personal. CSI-F valora “positivamente” el encuentro, ya que la directora general ha asegurado que estudiará la situación y las medidas que permitan la mejora del servicio.
CSI-F denunció en el mes de marzo, coincidiendo con la aprobación de la nueva normativa básica de protección al consumidor por las Cortes de Castilla y León, la situación de colapso técnico en la que se encuentra la Inspección de Consumo, principal herramienta para hacer cumplir la normativa para la defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
Así, CSI-F remarca que la Inspección de Consumo lleva varias legislaturas perdiendo capacidad de actuación, lo que se traduce “en una cada vez más precaria atención y defensa de los ciudadanos de Castilla y León”. La patata caliente de Consumo ha pasado de una consejería a otra, “vaciando ese servicio de medios y sufriendo las consecuencias del escaso interés mostrado por la Junta, en una defensa eficaz de los derechos de los consumidores”, indica Mariano Prieto. CSI-F reclamó en su momento que se incluyeran plazas de inspectores en la oferta de empleo público de 2015, lo que hubiera permitido dotar de bolsa de empleo al colectivo, ya está agotada en muchas de las provincias.
La labor de los inspectores es muchas veces ‘invisible’ a los ciudadanos, pues no solamente actúan mediante una denuncia, sino también de forma preventiva, asegurando el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, recientemente se ha realizado una campaña para comprobar la seguridad y el mantenimiento de los aparatos de bronceado, las famosas cabinas de rayos UVA. El grado de incumplimiento de la normativa y la gravedad de las infracciones ha sido tan llamativo, que hubo que repetir la campaña. “El consumidor no sabe ni tiene por qué saber toda la normativa que afecta a los productos y servicios que utiliza, pero entiende que las administraciones velan por su salud, seguridad y legítimos derechos económicos. Y esta es la labor de la Inspección de Consumo”, afirma con vehemencia Mariano Prieto.
Actas realizadas
La reducción del número de actuaciones de Inspección de Consumo, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Comercio y Consumo, resulta clara. En el año 2005 en Ávila se realizaron un total de 1.378 actas, y en 2014 tan sólo 235. “Muchas aún, si se tiene en cuenta que hay un solo inspector y que tiene otras tareas encomendadas”, explica CSI-F. En Burgos se realizaron 1.148 actas el año 2005, y 888 en 2014; en León, 2.221 y 836; en Salamanca, 1.466 y 486; en Segovia, 835 y 317; en Soria, 628 y 240 (con un solo inspector); y en Valladolid, 2.559 y 2.353.
Sólo en Zamora y en Palencia se realizaron más actas en 2014 que en 2005. En Zamora hubo 1.110 en 2014, frente a las 770 de 2005, aunque en 2015 se ha tenido que recurrir a un interino, ante las bajas producidas de los inspectores zamoranos. En Palencia, en 2014 se hicieron 1.062 actas, mientras que en 2005 fueron 941. Sin embargo, en 2012 cayeron a 580. “Estos datos reflejan muy bien que los resultados van ligados a la disposición de los recursos humanos”, indica CSI-F.
Tomas de muestras
En estos últimos diez años la Inspección de Consumo ha realizado un total de 9.781 tomas de muestras de productos de todo tipo, de alimentarios a industriales, desde aceites a conservas vegetales, o desde juguetes a material eléctrico. Se puede asegurar que todos los productos que se hayan podido comprar, a excepción de los de carácter suntuario (lujo), han pasado por la lupa de la Inspección.
En Ávila se han realizado en estos últimos diez años un total de 776 tomas de muestras, en Burgos 1.094, en León 1.834, en Palencia 1.055, en Salamanca 1.037, en Segovia 688, en Soria 539, en Valladolid 1.732 y en Zamora 1.026.
Denuncias
De las 14.115 denuncias presentadas en los últimos diez años en Castilla y León 1.295 acabaron con una advertencia por escrito al empresario, para que adaptara su proceder a la legislación vigente; 2.766 fueron archivadas al llegar a un acuerdo el empresario y el consumidor, tras la intervención de la Inspección; y 2.648 derivaron en la apertura de expediente sancionador. Además 212 fueron comunicadas a otras administraciones competentes.
Respecto a la Red de Alerta, productos notificados que son peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores, y que deben ser localizados y retirados de la venta, en los últimos diez años se han realizado un total de 82.139 actuaciones, abriéndose sólo 209 expedientes sancionadores, ante la negativa de los comerciantes a retirar algún producto peligroso.
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