jueves. 23.11.2017 |
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Piden que se sancione aparcar indebidamente en plazas para discapacitados en centros comerciales

Piden que se sancione aparcar indebidamente en plazas para discapacitados en centros comerciales

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) una reforma normativa para corregir el vacío legal que permite que quede sin sanción el aparcar en plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en espacios de titularidad privada pero de uso público, como los centros comerciales.

Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en una carta enviada a la DGT, acompañada de un informe en el que se analiza desde un punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en materia de tráfico, que revela un vacío legal que puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados.

En concreto, la sentencia se refiere a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa, por el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad sin título habilitante en el estacionamiento de un centro comercial. Esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública.

Para acabar con esta laguna legal, el CERMI pide a la DGT que se inicie los trabajos técnicos de análisis de esta situación problemática y se elabore consecuentemente una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo Gobierno, para lo que realiza una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual, encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.

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