La Dirección General de Función Pública ha activado las alarmas ante el incremento en el número de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos que trabajan de cara al público en la Administración General del Estado, a lo largo de los dos últimos años.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, participó este jueves en la Comisión Técnica de Riesgos Laborales donde se presentó un informe que actualiza los datos adelantados el pasado mes de abril con agresiones registradas en otros organismos de la Administración, además de las oficinas de empleo, y que revela la gravedad de la situación: En 2015 se produjeron 539 casos de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, de las cuales 78 casos fueron con violencia física. Esto supone que cada cuatro días se produce una agresión física (golpe, empujón, zarandeo...).
Estos datos no recogen la situación de Instituciones Penitenciarias donde la Administración todavía se sigue negando a extender un protocolo específico, pese a que así lo acordó con los sindicatos el año pasado. CSIF ha vuelto a exigir la inclusión de los funcionarios de prisiones en este modelo de prevención.
Botón antipánico
Este Plan incluye la instalación en los ordenadores de las oficinas de empleo de un ‘botón SOS antipánico’, un programa informático con la finalidad de lanzar un aviso a los compañeros indicando una posible situación de peligro. La Dirección General del SEPE comienza este mes a instalarlo de manera paulatina a modo de proyecto piloto. El aviso se activa pulsando la combinación de teclas Ctrl+F9. CSIF reclama simplificar el procedimiento con el fin de activar la alarma con un click del ratón del ordenador.
Asimismo se ha preparado una guía con indicaciones sobre los tipos de agresiones que no se deben permitir bajo ningún concepto, consejos para identificar los indicios de agresividad en el usuario, gestionar los conflictos, protegerse si la violencia va en aumento, tácticas verbales o no verbales y consejos jurídicos para los casos en los que lamentablemente resulte agredido.
Además, la Administración ha preparado carteles específicos que situará a la vista de los usuarios en las oficinas, donde de manera explícita se recuerda la prohibición de agredir a los empleados públicos, avisando de las consecuencias legales que puede tener esta práctica. Asimismo, los carteles piden respeto a los trabajadores y prohíben el uso de cámaras o dispositivos móviles para amenazar o posteriormente atentar contra la intimidad del empleado público en redes sociales.
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