En la sentencia dictada, se imponía al autor el pago de una indemnización al Guardia Civil agredido de 455 euros, por las lesiones sufridas, así como 4.732,95 euros por las secuelas y el pago de las costas judiciales.
“El condenado -declarado insolvente-, no solo no ha abonado ni un solo euro, sino que los gastos ocasionados en el proceso penal han recaído sobre la espalda del Guardia Civil agredido, que ahora sufre unas secuelas de por vida y no va a ser resarcido económicamente, ya que los servicios jurídicos de la Guardia Civil denegaron la solicitud de asistencia letrada que había cursado el agredido”, explican desde la Asociación Española de Guardias Civiles.
Este dislate, añaden desde la AEGC, “no es algo excepcional”, sino que ocurre con frecuencia en toda la geografía española, tanto con personas insolventes como con personas no residentes en España, ya sean ilegales o turistas, quienes abandonan el país sin abonar las correspondientes indemnizaciones.
“No existe Fondo o Seguro alguno de manera que el Estado se haga cargo de manera subsidiaria de esas indemnizaciones, como ocurre con los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, en que existe un Consorcio de Compensación de Seguros, o el Fondo de Garantía Salarial con el que el Estado responde antes los trabajadores, por ejemplo”, siguen explicando.
Aunque este es un problema de la ciudadanía en general, es especialmente perjudicial para los funcionarios públicos (médicos, maestros, etc…), que ven como cada día aumentan las agresiones hacia ellos en el ejercicio de sus funciones, y aún es más sangrante en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cada día deben enfrentarse a delincuentes y sufrir este problema en mayor medida. Por ello, AEGC insta a la Dirección General de la Guardia Civil a promover la creación de un Fondo o Seguro que ataje esta grave problemática con urgencia. Por parte de los servicios jurídicos de AEGC se estudiarán las medidas a adoptar para solventar esta injusticia.
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