CSI-F teme que, a partir de ahora, se inicie un periodo de “descontrol, en el que cada institución y ayuntamiento vaya a su aire, generándose agravios comparativos entre unos y otros empleados públicos, donde unos cobrarán antes y otros después, dependiendo de los responsables políticos, como se ha visto con el cobro del primer 25%”. Así lo señala el presidente de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando, que insiste en que “habiendo dejado clara su decisión el Gobierno, las demás administraciones no deben retrasar el abono de ese dinero, que no es ningún regalo, sino el pago justo de algo que nos quitaron”.
Es más, Hernando remarca que “con esta manera que están teniendo las administraciones de pagar la extra que nos deben, a goteo y acompañadas por unas campañas muy mediáticas, se está dando, ante la sociedad, una imagen muy poco edificante de los empleados públicos”.
CSI-F afirma que lo que el Gobierno tiene que hacer es pagar toda la parte de la paga que se debe aún a los empleados públicos, ahora mismo el 75%. Para ello, CSI-F propone “una ley de carácter básico, para que todos los trabajadores públicos del Estado puedan cobrar, y no se produzcan discriminaciones, primero entre los empleados de la administración central y de las demás, y luego entre comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, como ya ocurrió cuando se devolvió la primera parte de la extra”.
La presión social del colectivo de empleados públicos y el papel jugado por CSI-F –sindicato más representativo de las administraciones públicas- han hecho mover ficha al Gobierno y rectificar parte de los recortes aplicados contra los empleados públicos, en este tramo final de la legislatura, explica Hernando.
Pero aunque las medidas tomadas días atrás por el Gobierno, “que devuelven algunos de los derechos laborales arrebatados van en la buena dirección”, para CSI-F no es suficiente, teniendo en cuenta que la pérdida del poder adquisitivo ha sido de un 30%. El Gobierno debe compensar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos con una subida del 2,5 por ciento para el año que viene, reivindica CSI-F, para equiparar a este colectivo con el sector privado, que ha pactado un incremento salarial del 1% para 2015 y 1,5 para 2016”, recuerda CSI-F.
CSI-F valora de manera positiva que el Gobierno central empiece a devolver los recortes, pero advierte de que los empleados públicos, “especialmente maltratados durante la crisis, no son moneda de cambio en el escenario electoral”. Además, Carlos Hernando reitera que las decisiones del Gobierno no servirán, si desde las administraciones autonómicas y locales, en este caso de Castilla y León, no se toman medidas para hacer efectivas esas medidas y voluntades del Gobierno central, en todos los empleados públicos de la Comunidad”.
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