jueves. 23.11.2017 |
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Los sindicatos aseguran que los últimos datos apuntan a la precariedad laboral

Los sindicatos aseguran que los últimos datos apuntan a la precariedad laboral

Los sindicatos aseguran que los últimos datos apuntan a la precariedad laboral y marcan el efecto desánimo como otro de los factores que puede bajar el número de parados: “Aunque los datos indiquen que en Castilla y León comenzamos 2015 con el mejor mes de enero de la serie histórica no podemos decir que sea un dato positivo porque el desempleo ha aumentado en 2.018 personas más, lo que nos sitúa en 224.869 personas desempleadas en la Comunidad. Y si bien es cierto que en datos interanuales el descenso ha sido en 18.070 personas menos, no podemos obviar el efecto desánimo a la hora de inscribirse en las oficinas de empleo ante una realidad que nos muestra que cada vez hay más parados sin ningún tipo de cobertura, que se extiende el paro de larga duración y que prosiguen los procesos de emigración”.

Para UGT Castilla y León es muy preocupante dos hechos que se están consolidando en nuestra Comunidad: la precariedad de los contratos que se registran y la caída brutal de las prestaciones por desempleo lo que sitúa a la región 7 puntos por debajo de la media nacional. Del total de parados, sólo el 46% percibe algún tipo de prestación, el 22% percibe una prestación contributiva, el 20% el subsidio y el 5% la Renta Activa de Inserción. Esto significa que además de la caída de las percepciones por desempleo también se reducen en calidad con el descenso de las prestaciones contributivas.

Los sindicatos tampoco quieren pasar por alto la falta de solidaridad de los empresarios, “quienes están utilizando los ajustes salariales de los trabajadores para pagar su deuda con las entidades financieras, concretamente el 3% en 2014, en lugar de revertirlo en el desarrollo del tejido industrial. Esta actuación hace recaer todo el peso de la crisis en los trabajadores”.

Ante esto, aseguran: “Es necesario poner en marcha políticas activas del mercado de trabajo. Los cambios normativos y de funcionamiento implantados por el Gobierno están suponiendo un deterioro de los servicios públicos de empleo, que cuentan con menores recursos técnicos y humanos para hacer frente a las políticas de empleo. Las políticas activas de empleo y de intermediación no deben estar orientadas únicamente a subvencionar al sector privado, mediante bonificaciones a la contratación y acceso de las Agencias Privadas de Colocación a la intermediación. Hay que poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad y la formación y lograr la inserción permanente de los desempleados”, finaliza.

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