El volumen de deuda de Castilla y León incluye la derivada de la primera fase del Mecanismo de Pago a Proveedores, por importe de 1.051,4 millones de euros, al que la Junta se acogió excepcionalmente y del que no ha vuelto a hacer uso en ediciones posteriores.
El Banco de España no computa a la Comunidad ningún préstamo con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), puesto que fue una de las ocho autonomías que no precisaron recurrir a este sistema de obtención de liquidez dada su contrastada capacidad para obtenerla de los proveedores financieros tradicionales.
Frente a esto, el organismo de control sí incorpora como endeudamiento de Castilla y León las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión de ciertos créditos comerciales frente a las administraciones públicas a instituciones financieras, al igual que determinados préstamos para proyectos específicos.
El resultado es que de los 9.393 millones de euros de deuda de Castilla y León, 307 están asignados a la Comunidad por proyectos de colaboración público-privada, y otros 219 millones son créditos comerciales cedidos.
Fruto de todo ello se podría afirmar que en rigor la deuda financiera global de la región ascendía a 8.867 millones de euros al acabar junio. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que de esa cantidad 396,4 millones eran créditos para financiar préstamos a empresas, por los que la Junta ingresa tanto la amortización del capital como los intereses correspondientes.
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