martes. 24.10.2017 |
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La Junta se propone incrementar la calidad de la protección y atención a personas

La Junta se propone incrementar la calidad de la protección y atención a personas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha comparecido ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León para exponer los principales objetivos y los proyectos de su departamento en esta legislatura. Alicia García ha señalado que las actuaciones que la Consejería va a poner en marcha parten del compromiso de la Junta con las políticas sociales, que se concretará en una triple garantía: política, financiera y de diálogo. Ha marcado como grandes objetivos mejorar todavía más el modelo de calidad en los Servicios Sociales con el que cuenta Castilla y León y avanzar en los derechos; dar un nuevo salto de calidad en la atención y protección a las personas y prioridad en el empleo como la mejor de las herramientas para conseguir la integración de todos. Para ello se han fijado siete prioridades fundamentales.

En toda las actuaciones primará la protección de las personas que más lo necesitan; la respuesta a cada necesidad, personalizada y profesional, como garantía de calidad y también como instrumento generador de empleo; la sostenibilidad que garantice una financiación adecuada, estableciendo un suelo mínimo de gasto social; la inversión social como nuevo escenario de intervención, con profesionales y gestores de caso coordinados que, junto con los usuarios, establezcan itinerarios basados en el proyecto vital de cada persona, partiendo de su potencial para desarrollar competencias para su autonomía, empoderamiento y mejora de sus oportunidades en igualdad de condiciones, todo ello, contando con la participación y la colaboración de todos los agentes que conforman el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, tanto las distintas administraciones como las entidades del Tercer Sector.

La consejera ha expresado el compromiso de la Junta por seguir afianzando, todavía más, el prestigioso Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, apostando por los profesionales como eje fundamental de un sistema que asumirá nuevos retos a través de un modelo de trabajo proactivo, en red y centrado en la persona y en sus necesidades. Para ello, y como instrumento básico en el modelo de atención ‘a la carta’, García se ha referido a que durante los próximos años se desarrollarán todas las potencialidades del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León y ha anunciado la elaboración del Mapa de Servicios Sociales. Esta herramienta determinará la adscripción y el desarrollo de las prestaciones recogidas en el Catálogo y su asignación por centros, servicios, programas y recursos de cada ámbito territorial. Además, se aprobará el Plan de Servicios Sociales, que fija las líneas de acción estratégicas del Sistema y directrices básicas en esta materia. Junto a esto, se aprobará antes de finalizar 2015 una norma para regular la historia social y el Registro Único de Usuarios en el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y se regulará el Comité de Ética en Servicios Sociales. Así, los servicios sociales profesionalizados se convierten en verdaderos generadores de oportunidades de empleo en el sector.

Triple garantía para los Servicios Sociales

El compromiso de la Junta con las políticas sociales se concretará en una triple garantía: política, financiera y de diálogo. Política, porque la próxima reforma del Estatuto de Autonomía incluirá el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. La garantía financiera supone un suelo mínimo de gasto social, garantizando que se destine a las tres consejerías que desarrollan políticas sociales una cifra no inferior al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías, además de aprobar un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias por un importe próximo a los 600 millones de euros. La garantía de diálogo, cooperación y participación, viene dada por la colaboración con las entidades locales para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad, a lo que se sumará la aprobación de un proyecto de Ley del Dialogo Civil.

Primer objetivo: mejorar aún más la atención y protección a las personas

Red de Protección. La Red pasará a ser un instrumento estable de protección y actuará de forma habitual y continuada, no sólo en momentos de crisis, al incorporarse al Estatuto de Autonomía como instrumento estable de protección y atención social.  Se elaborará un Anteproyecto de Ley para perfeccionar la configuración y funcionamiento de la Red de Protección. Respecto a los programas de la Red, en la Renta Garantizada de Ciudadanía se garantizará su dotación presupuestaria para cubrir las necesidades básicas de subsistencia que requieran las personas y familias, se adoptarán las medidas necesarias para que la Renta se adecúe continuamente a los nuevos perfiles de los perceptores y se agilizará su concesión para las situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad. Se configurará como un derecho subjetivo el acceso de los ciudadanos al Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Dentro del Servicio de distribución coordinada de alimentos, se garantizará y convertirá en un derecho subjetivo el acceso de las personas al Servicio de atención inmediata de alimentos básicos. En colaboración con las corporaciones locales, se implantará un sistema de tarjetas de compra, especialmente las que tienen menores a su cargo, en la atención a las necesidades básicas de subsistencia para adquirir productos frescos de primera necesidad. Se dará carácter prioritario y estable a las ayudas de urgencia social para familias con todos sus miembros en desempleo que no puedan pagar el alquiler de su casa y se continuará apoyando económicamente a las corporaciones locales para atender las necesidades de las personas que necesiten ayudas de urgencia social.

Infancia. La Red Centinela ampliará su cobertura para detectar, además de las alimenticias como venía sucediendo hasta ahora, otras carencias sociales de los menores, como la vivienda o la energía, como una vía más de los Servicios Sociales para detectar y dar la mejor respuesta a cada situación. Se potenciará el acogimiento familiar como alternativa preferible ante situaciones de desprotección de la infancia, para lo que se desarrollará el ‘estatuto de los acogedores’ y se promocionará entre la sociedad e instituciones. Se aprobará un Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar con actuaciones de prevención, detección y atención. Se impulsará la aplicación del protocolo marco de actuaciones en caso de maltrato infantil para asegurar mecanismos de prevención y seguimiento de los casos.

Familia. Se elaborará un Anteproyecto de Ley del Sistema de Conciliación Familiar, personal y laboral y políticas de apoyo integral a las familias. Se incrementarán un 10 % las plazas de 0 a 3 años del programa ‘Crecemos’ enfocado a hacer efectiva la conciliación. Atención a las familias más necesitadas a través de la Red de protección y desarrollo de una política de familia de carácter integral para el resto.

Mayores. Promover y mejorar el envejecimiento activo, la autonomía y la calidad de vida de los mayores. Se avanzará en la transformación de los centros de mayores a centros multiservicios. Se seguirán reconvirtiendo las plazas residenciales de válidos a asistidos. Se duplicará el número de unidades de convivencia ‘en mi casa’. Dependencia. Se pondrá en marcha una Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo. Se reconocerán y concederán las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de tres meses. Compromiso de resolver ya en este mes de septiembre el 50 % de solicitudes de prestación de dependencia en grado I. Se potenciarán los servicios profesionales en atención a la dependencia para ofrecer mayor calidad y fomentar el empleo. Se regulará la acreditación del Servicio de ayuda a domicilio con el fin de mejorar aún más la calidad de este servicio y se implantará un programa personalizado de orientación y asesoramiento dirigido a la adquisición de apoyos profesionales y tecnológicos para la autonomía personal. El objetivo es atender todos los niveles de dependencia. Junto a esto, se aprobarán dos normativas específicas que regulen tanto el modelo residencial ‘En mi casa’ como la autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen elementos esenciales de este modelo y, en colaboración con la Consejería de Sanidad, se impulsará la Estrategia de Atención al Paciente Crónico para avanzar en la coordinación socio-sanitaria.

Discapacidad. Se diseñará e implantará, en colaboración con CERMI, un modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad basado en apoyos y servicios personalizados y adaptados a los cambios vitales de la persona, en la figura del ‘coordinador de caso’, en el desarrollo del servicio de asistencia personal y con el empleo como herramienta básica de inserción y de construcción de itinerarios. Se promoverán recursos y apoyos para garantizar la atención temprana a la población infantil. Se actualizará el marco normativo en materia de accesibilidad con arreglo al principio de accesibilidad universal y a las tendencias más innovadoras.

Jóvenes. Orientar todas las actuaciones a mejorar su empleabilidad y aumentar sus oportunidades de acceso al empleo, además de facilitar su participación en las políticas que más les afectan. Se crearán herramientas para definir los objetivos de actuación en materia de juventud a medio y largo plazo con la prioridad puesta en el empleo y en la participación de los jóvenes. Elaboración y desarrollo de la Estrategia de Impulso Joven 20/20 con las diferentes medidas a desarrollar en materia de juventud. En el ámbito del voluntariado se elaborará un Anteproyecto de reforma de la Ley del voluntariado.

Igualdad. Será objetivo prioritario poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se desarrollará una Agenda para la Igualdad para concretar las líneas de actuación en esta legislatura. Se pondrán en marcha programas de sensibilización en el ámbito familiar, educativo, laboral y en el medio rural, además de medidas específicas para mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Desarrollo del programa ‘Educando en Igualdad’, en colaboración con la Consejería de Educación, con actuaciones proactivas con estudiantes y de formación al profesorado, línea que también se desarrollará de forma similar con las universidades.

Lucha contra la violencia de género. Desarrollar y afianzar el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ para ofrecer una respuesta integral a las víctimas, con la figura del ‘coordinador de caso’. Se aprobarán el próximo 10 de septiembre las Directrices de funcionamiento del modelo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. Se reforzará la prevención y sensibilización con campañas innovadoras, con actuaciones desde las edades más tempranas y a través de programas de información y formación a jóvenes y adolescentes en centros escolares y también al profesorado. Atención flexible, integral y personalizada a las mujeres víctimas, reforzando los centros y servicios que conforman la Red de Atención a las mujeres víctimas en el acceso, mejora y seguimiento de las prestaciones y poniendo en marcha el Servicio de apoyo en el entorno familiar para las víctimas de violencia de género.

Drogodependientes. Se aprobará el VII Plan Regional sobre Drogas. Se reforzarán las actuaciones de prevención en el ámbito educativo, familiar y extraescolar con nuevos programas de prevención y sensibilización. Nuevo programa ‘Unplugged’ basado en el entrenamiento de habilidades en el ámbito escolar. Se incrementarán las acciones con jóvenes para prevenir el consumo de alcohol. Atención especial a las personas en situación de mayor riesgo con programas que atiendan a las familias. Se promoverán las alianzas necesarias para afrontar desde distintos ámbitos el problema de consumo de alcohol y otras sustancias entre adolescentes y jóvenes.

Segundo objetivo: el empleo como prioridad para la inserción e integración

La finalidad última de la Red de Protección a las familias será la plena inclusión social de las personas y la inserción a través del empleo. Se facilitará la transición desde la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta la inclusión laboral como mejor mecanismo de integración social. Para ello se pondrá en marcha una línea de ayudas al Tercer Sector para favorecer la transición desde la Renta Garantizada de Ciudadanía a la inclusión social y laboral. En el marco del Proyecto Europeo PACT se va a desarrollar una metodología de intervención con las personas en situación o en riesgo de exclusión social encaminada a definir estrategias y pautas de actuación para su efectiva inserción social, especialmente para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Junto a esto se pondrá en marcha un Plan Autonómico Socio-laboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables.

En relación a la discapacidad, se elaborará en el primer año de esta legislatura un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, un Plan en clave de derechos, de empoderamiento para el desarrollo de proyectos vitales, de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria.  Junto a esto, diseño e implantación, en colaboración con el CERMI, de un modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad que fomentará el empleo como herramienta básica de inserción y de la construcción de los itinerarios. Se potenciará, como gran prioridad, el acceso al empleo de las personas con discapacidad a través de distintas iniciativas: apuesta por los itinerarios laborales para las personas con discapacidad y reconocimiento como derecho la carrera profesional a través de dichos itinerarios; se promoverá el empleo con apoyo para una mayor incorporación de personas con discapacidad a la empresa ordinaria; se fomentará la extensión del modelo de cláusulas sociales y reserva de contratación a las diferentes Administraciones Publicas en Castilla y León, y se promoverá la creación de un ‘Banco de buenas prácticas’ que recoja las experiencias en este ámbito y oriente y asesore en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.

El compromiso de la Junta es el de trabajar de forma transversal para posibilitar a los jóvenes recursos y servicios que les ofrezcan oportunidades de presente y de futuro y, en este sentido se pondrá en marcha una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Trabajo 2016-2020 y en estos aspectos incidirá también el Plan de Empleo Joven. Se prestará especial atención a los menores de 29 años que ni estudian ni trabajan, para que puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en una empresa, dentro del Programa de Garantía Juvenil. Se impulsará la formación complementaria para la empleabilidad como fórmula eficaz de promoción personal y social de los jóvenes. Se actualizará el catálogo de titulaciones juveniles de Castilla y León. Se desarrollará un programa de becas para estancias en residencias juveniles de titularidad pública para que la capacidad económica no sea obstáculo para que los jóvenes puedan acceder a las residencias juveniles. Se promoverá la colaboración de la Red de Igualdad y Juventud Activa en los mecanismos especializados de búsqueda de empleo y autoempleo. Elaboración y desarrollo de la Estrategia de Impulso Joven 20/20 con las diferentes medidas a desarrollar en materia de juventud para esta legislatura.

En el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y de la lucha contra la violencia de género, se reforzará la igualdad en el ámbito laboral con acciones específicas dirigidas a las empresas de Castilla y León para impulsar y favorecer la equiparación real entre trabajadores y trabajadoras. Se sacará de forma inminente una convocatoria de línea de ayudas dirigidas a fomentar, en el tejido empresarial de la Comunidad, medidas de acción positiva que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres en sus puestos de trabajo. Se desarrollarán actuaciones de reconocimiento público a aquellas empresas que implanten las mejores ideas que hagan realmente efectiva la igualdad. Actuaciones como el Programa de Atención a Mujeres con Necesidades Especiales, con medidas específicas de formación, desarrollo de habilidades personales o de orientación para el empleo en colaboración con las entidades del tercer sector. Fomento de la plena autonomía de las víctimas con programas de apoyo psicológico, de información, de atención y de inserción socio-laboral.

En lo relativo a la atención a personas drogodependientes, se intensificarán acciones para promover la integración social y laboral de drogodependientes.  Especial atención a casos de mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los drogodependientes con problemas jurídico-penales.

Nuevos avances en planificación y normativa de los Servicios Sociales

García se ha referido a que la apuesta de la Junta por avanzar en la mejora de los servicios sociales se traducirá también a nivel normativo en la elaboración de un Anteproyecto de Ley para perfeccionar la configuración y funcionamiento de la Red de Protección y un Anteproyecto de reforma de la Ley del Voluntariado, un Anteproyecto de Ley del Sistema de Conciliación Familiar, Personal y Laboral, se desarrollará normativa en materia de accesibilidad y se aprobarán dos normativas específicas que regulen tanto el modelo residencial ‘En mi casa’ como la autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen elementos esenciales de este modelo. Además, un Proyecto de Ley del Diálogo Civil que aprobará la Junta de Castilla y León.

Junto a esto, la Consejería tiene previsto aprobar un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, un Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el VII Plan Regional sobre Drogas. García ha anunciado que la Consejería creará una Agenda para la Igualdad y que la próxima semana se aprobarán las Directrices de funcionamiento del modelo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género y un Plan Autonómico Socio-laboral. Completarán la planificación a lo largo de la legislatura el desarrollo de una Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento y una Estrategia de impulso joven 20/20. A esta planificación se sumará la Estrategia Integrada de Empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad y conciliación en el trabajo 2016-2020 y el Plan de Empleo Joven que tiene previsto aprobar la Junta de Castilla y León.

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