miércoles. 21.02.2018 |
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Asaja pondrá en marcha una campaña para combatir el fraude de la venta “a pérdidas”

Asaja pondrá en marcha una campaña para combatir el fraude de la venta “a pérdidas”
La Junta Directiva de Asaja ha acordado poner en marcha, en los primeros días de 2015, una campaña a  nivel nacional “para denunciar y combatir las prácticas comerciales fraudulentas y en especial la venta 'a pérdidas' en los productos agroalimentarios”. En las últimas semanas varias multinacionales de la distribución han sido sancionadas por realizar estas prácticas y por no colaborar con la Administración en la erradicación de estos fraudes. 

Ha sido el Gobierno autonómico de la Región de Murcia quien ha tomado la iniciativa imponiendo sanciones, a través de su Dirección General del Consumo, a las multinacionales de la distribución Carrefour y Dia por llevar a cabo ventas a pérdidas y por no colaborar con la investigación de estas infracciones. Sin embargo, estas no son las únicas prácticas detectadas en la cadena de distribución. En la Comunidad Valenciana, desde Asaja también se han denunciado prácticas similares por parte de cadenas de supermercados que ofertan al público clementinas y naranjas a precios inferiores a los costes de producción de las mismas.

Es intención de Asaja poner en marcha esta campaña para combatir la venta a pérdidas en todo el territorio nacional y denunciar cuantas prácticas comerciales incumplan la ley porque los casos detectados tanto en Murcia como en Valencia no son, desgraciadamente, aislados sino que se reproducen “con excesiva facilidad y afectan a gran parte de nuestras  producciones”.

Desde Asaja apelan a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AIACA), dependiente del Ministerio de Agricultura y cuyo cometido es vigilar la aplicación de la ley de la cadena agroalimentaria “para que investigue todas y cada una de estas prácticas fraudulentas y actúe con celeridad velando por el equilibrio y el correcto funcionamiento de la cadena comercial”. Asimismo, la organización insta al Ministerio de Agricultura a que coordine las actuaciones a llevar a cabo por parte de la Comunidades Autónomas “para que las medidas a adoptar y las sanciones a imponer tengan carácter general y se apliquen  en cualquier punto de nuestro territorio”.

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