domingo. 19.11.2017 |
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CSI-F alerta del colapso y falta de recursos de la Inspección de Consumo de la Junta

CSI-F alerta del colapso y falta de recursos de la Inspección de Consumo de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en un momento en el que se está tramitando una nueva ley autonómica de defensa de los consumidores en Castilla y León, alerta del colapso, abandono, falta de recursos y de la desprofesionalización que sufren los servicios de inspección de consumo de la Junta, que sólo cuenta con 35 inspectores activos para toda la Comunidad en este momento, de 55 plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración, que ya –de entrada- “son escasas para atender con garantías todas las necesidades, en un tema tan importante como es la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos”.

CSI-F pide negociar una nueva RPT que “lleva parada desde hace años”, para poder incrementar las plazas de inspectores, que ahora se encuentran “superados por la enorme carga de trabajo debido a la complejidad de las tareas encomendadas a esta Inspección de Consumo”. Precisamente, una reciente resolución de 16 de enero de la Viceconsejería de Función Pública ha resuelto provisionalmente un concurso de provisión de inspectores “que resulta claramente insuficiente”, con el agravante de que no se han sacado todas las plazas disponibles en la actual RPT de la Junta”. Por ello, CSI-F reclama la convocatoria de todas las plazas de inspección y de un nuevo concurso que permita el acceso a todas ellas (sin reservas), hasta cubrir, al menos, las 55 plazas de la RPT”.

Así lo ha indicado el presidente del sector de Administración General de la Junta de CSI-F Castilla y León, Mariano Prieto, que en rueda de prensa –junto a dos inspectores de consumo- ha pedido a la Consejería de Economía y Empleo, que en breve anunciará la oferta de empleo que sacará para la administración regional, que tenga en cuenta estos servicios de inspección, que “deben considerarse como prioritarios, por la responsabilidad que entrañan para la seguridad y la salud del ciudadano”. Por ello, insiste en que la Inspección de Consumo tiene que tener “una reposición suficiente de inspectores de consumo, no del 50%, sino del 100%”, ya que es un número de funcionarios pequeño, que además tiene una RPT de hace años, que ha quedado completamente desfasada, ante la evolución del comercio de los últimos años, su globalización y las nuevas herramientas tecnológicas.

CSI-F explica que en Zamora, en este momento, hay dos inspectores de consumo con una ratio de unos 94.600 consumidores para cada uno, cuando las plazas de la RPT son cuatro. Se da la circunstancia que la Junta no ha permitido acceder a las plazas vacantes a los inspectores interesados en ellas, es decir, no ha permitido mejorar los ratios de atención a los ciudadanos. En estas condiciones, asegura CSI-F, “resulta imposible atender las garantías que tienen los consumidores”. Se dan las mismas situaciones de saturación que se producen en el resto de provincias de la Comunidad, por la falta de personal, que generan retraso en la tramitación de las denuncias y las resoluciones, y se reducen tareas de inspección y de alerta.

Datos

Ávila es la provincia con la ratio más alta, con un único inspector para los 170.000 habitantes. Le sigue Zamora, donde cada uno de sus dos inspectores vela por la seguridad del consumo de más 94.600 personas. Por detrás está Soria, con un único inspector para unos 93.200 sorianos; Burgos, con unos 92.200 consumidores para cada uno de los cuatro inspectores que tiene; Segovia, con 81.000 personas para cada uno de los dos inspectores; León, con unos 70.000 consumidores para cada uno de los siete inspectores; Palencia, con 55.800 personas para cada uno de los tres inspectores; y Valladolid, con 48.120 consumidores para cada uno de los 11 inspectores de la provincia.

Aunque la RPT de la administración regional señala 55 plazas de inspectores en las nueve provincias de la Comunidad, tras el reciente concurso de provisión de plazas de enero, sólo están cubiertas 35. En este momento, y de manera activa, en Ávila trabaja uno de los cuatro inspectores que otorga la RPT; en Burgos cuatro de siete; en León siete de nueve; en Palencia tres de seis; en Salamanca cuatro de siete; en Segovia dos de cuatro;  en Soria uno de tres; y en Zamora dos de cuatro. Sólo en Valladolid se mantiene el mismo número de inspectores que refleja la RPT, es decir, once. Aunque las especiales circunstancias de la inspección de consumo de Valladolid, por población y por volumen de inspecciones, “hacen que esas once plazas resulten muy insuficientes”, remarca CSI-F.

El sindicato independiente, consciente de que se está tramitando una nueva ley de defensa de los consumidores y usuarios en las Cortes, ha presentado ante la Consejería de Hacienda y la de Economía y Empleo –que son las que tienen competencias en función pública y consumo- “un escrito en el que se exponen las carencias que existen en el colectivo de inspectores, para poder cumplir con la actual Ley de Defensa de los Consumidores, y la próxima que se apruebe”. CSI-F insiste en que el aumento de plantillas no debe limitarse solamente  a sectores como los de sanidad o educación, puesto que existen otros colectivos de empleados públicos minoritarios, como es el caso de los inspectores de consumo, “que también tienen una función fundamental en la calidad de vida de los castellanos y leoneses”.

Profesionalización

Además del “colapso y saturación en la que se encuentran los servicios de Inspección de Consumo de la Junta de Castilla y León, por la falta de personal y el incremento del número de consultas y denuncias que se reciben”, CSI-F advierte de la “desprofesionalización” del servicio, al permitir que “personal de gran valía pero sin conocimientos específicos y técnicos en legislación en consumo puedan optar a la dirección provincial de los equipos de inspectores”. CSI-F reivindica que ser personal de la Inspección de Consumo se valore como un mérito, a la hora de aspirar a una jefatura de sección, por la responsabilidad y los conocimientos que requiere de legislación y otras materias específicas. La última vez que se incluyeron méritos específicos en un concurso para optar a jefe de sección de Consumo fue en noviembre de 1998, lo que para CSI-F es “todo un despropósito”.

Entre las labores de la Inspección de Consumo están la información (tanto a particulares como empresas), toma de muestras, control sistemático, red de alerta, colaboración con otros cuerpos de seguridad, campañas y las crecientes denuncias que llegan a las secciones. No obstante,  “ante la falta de personal, se está priorizando lo urgente, la atención de las denuncias, que han aumentado de forma exponencial, lo que está haciendo peligrar el cumplimiento adecuado del resto de labores de protección de los consumidores y usuarios. Es decir, se deja en un segundo plano la labor preventiva que realiza la Inspección, priorizando el trabajo sancionador, que tiene un efecto más particular que universal”, apunta CSI-F. “La labor de la Inspección de Consumo es transparente y bien valorada para los ciudadanos, que utilizan estos con resultados satisfactorios, en la mayoría de los casos”, añade el sindicato independiente.

Para valorar la trascendencia del trabajo de la Inspección de Consumo, baste recordar el caso del aceite de colza contaminado, en el que el papel de la Inspección de Consumo de Castilla y León, para la localización de los responsables, resultó determinante, remarca CSI-F. “La retirada de productos peligrosos de las estanterías de los comercios se produce todos los días, como juguetes, disfraces, chupetes, biberones, mecheros, material  eléctrico…, una larga lista de productos tanto industriales como alimentarios que se retiran por incumplir las mínimas normas de seguridad o salud vigentes. Una tarea preventiva que exige una labor continua y una dedicación suficiente”, reitera CSI-F.

Actuaciones recientes como la retirada de importantes cantidades de calzado afectado por dimetilfumarato, y que provocó graves problemas de salud; o evitar que los distribuidores de productos congelados a granel aplicaran glaseados de más del 5% del peso del producto sin indicarlo (es decir, pagar a precio de langostinos el agua congelada que se aplica en demasía para su conservación), son otros ejemplos que inciden en la salud y en que el dinero de los castellanos y leoneses se gaste en lo que realmente compran, continúa CSI-F. “Un inspector puede empezar la jornada controlando que las piezas que venden los joyeros sean realmente de los metales preciosos que dicen ser; y terminar con el control de recipientes para uso alimentario.  Por ejemplo, nadie tiene la menor preocupación cuando se mete al horno el cochinillo o lechazo en la fuente de barro, porque gracias a la labor de la Inspección de Consumo estas fuentes ya no se fabrican con un barniz que contenía plomo y que era perjudicial para la salud”, dice CSI-F.

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