Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) también participan en la precampaña electoral y han presentado en el Congreso de los Diputados, previamente a su entrega en la junta electoral, 700.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para que el Parlamento legisle una prestación de ingresos mínimos dirigida a las personas sin ingresos o con ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza.
El objetivo es poner en marcha una renta mínima de 426 euros dirigida a 2,1 millones de hogares, en los que viven seis millones de personas que no tienen ingresos o cuentan con ingresos insuficientes. “Estamos hablando de una prestación que la sociedad española puede y debe permitirse”, ha dicho Ignacio Fernández Toxo tras reclamar a los partidos políticos que no dejen “tirados ni en la estacada, o abandonados a su suerte” a millones de personas en riesgo de exclusión social.
“La pobreza, asociada al desempleo, pero también a la gestión neoliberal de la crisis, justifica esta actuación”, destacó el secretario general de CCOO, que reivindicó el papel de los sindicatos que con esta ILP reclaman que se atiendan las necesidades de millones de personas condenadas a la pobreza extrema y la exclusión social por culpa de la gestión neoliberal de la crisis económica. Una ILP que ha movilizado durante meses a miles de sindicalistas para recoger firmas, ante la imposibilidad de conseguirlo a través de la negociación.
“Es imprescindible que esta ILP se convierta mañana en ley, en un derecho subjetivo que proteja a las personas que peor lo pasan en la situación que ha dejado la gestión neoliberal de la crisis económica”, concluyó Toxo, que deseó que esta iniciativa no corra la misma suerte que la que presentaron CCOO y UGT en 2011 contra la reforma laboral, y que fue “despachada” tras solo 20 minutos de debate en el Congreso.
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