1. Mantener la TUR: hasta que no se garantice un mercado eléctrico competitivo, es necesario que la tarifa regulada (TUR) siga existiendo con las mismas condiciones de acceso (puede tenerla todo cliente con una potencia contratada que no supere los 10 kW). Esta tarifa es fijada por el Ministerio de Industria y Energía y supone una protección frente a un mercado libre que acaparan tres o cuatro compañías.
2. Revisar los peajes: son los costes asociados a la factura, siendo necesario desvincular del recibo que paga el consumidor todos los costes que no son directamente imputables a su consumo de electricidad (deberían ser trasladados a los Presupuestos Generales del Estado).
3. Revisar el método que fija el precio de la energía: de tal manera que el consumidor pague lo que realmente cuesta la energía y las compañías cobren por el precio que a ellas les cuesta producirla.
4. Fomentar el ahorro: mediante la eficiencia energética, la elección de suministradores eléctricos más competitivos y la promoción de la tarifa de Discriminación Horaria.
5. Normas claras: completar el desarrollo normativo en materia de protección de los derechos de los consumidores, de acuerdo con la legislación europea.
6. Revisar las relaciones consumidor-comercializadora-distribuidora: especialmente todo lo que tiene que ver con los cambios de suministrador, actualmente recogido en una regulación desfasada y que no protege de forma eficaz a los consumidores de los abusos de las empresas.
7. Facilitar las reclamaciones: mediante un mecanismo efectivo y fácilmente accesible para el consumidor, como puede ser el Arbitraje de Consumo.
8. Facturas legibles: regulando el mínimo de datos que debe aparecer obligatoriamente en cada factura, tanto para el mercado libre como para la TUR.
9. Intensificar el cambio de contadores: desarrollando una norma que regule el derecho del consumidor a poder acceder de forma sencilla y transparente a todos los datos sobre su consumo eléctrico, además regular el acceso de las comercializadoras eléctricas a esa información.
10. Reforma del Bono Social: crear una auténtica tarifa social que garantice que los consumidores más desfavorecidos puedan acogerse a ella en función de su renta y condiciones socioeconómicas, y no dependiendo de la potencia que contratan (tal y como ocurre con el actual Bono Social).
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