Piden a las instituciones que ofrezcan Zamora para acoger empresas que salgan de Cataluña

Un grupo de ciudadanos zamoranos ha puesto en marcha una petición en la plataforma change.org solicitando a las instituciones de nuestra provincia que pongan a disposición de las empresas que salgan de Cataluña todo lo necesario para que alguna de ellas pueda asentarse en Zamora.

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El clima de tensión que se está viviendo durante los últimos días en Cataluña ha precipitado la salida de algunas empresas antes asentadas en esta comunidad y ahora trasladando sus sedes y domicilios sociales fuera de las fronteras catalanas. Otras, están incluyendo entre sus previsiones la posibilidad de que las tensiones se prolonguen en el tiempo y afecten a la economía, por lo que meditan tomar decisiones en los próximos días.

La biofarmacéutica Oryzon fue una de las primeras empresas que huyeron de Cataluña, horas después del 1-O y pueden ser varias las que sigan sus pasos. El resto de España mira con interés en qué territorio implantan las empresas sus nuevas bases de operaciones.

En este sentido, algunos ciudadanos zamoranos ven este problema como una posible solución para la provincia de Zamora, lastrada por la ausencia de empresas, pese a estar en un nudo importante, tanto en su comunicación con el norte de Portugal, como siendo una de las principales puertas de entrada que tiene la Península a la zona noroeste.

Por eso, una iniciativa en la plataforma change.org solicita a las instituciones públicas que ofrezcan Zamora para acoger empresas que salgan de Cataluña. “Viendo lo que está pasando en Cataluña, ¿no sería bueno ofrecer a empresas terrenos, ayudas o beneficios fiscales para que se vengan a nuestra provincia? Provincia sin empleo, olvidada durante muchos años, provincia envejecida, provincia que está bien comunicada con Galicia, el sur del país, Portugal, Madrid.... Con terreno público de sobra para ofrecer”, exponen los precursores de esta iniciativa en una de las plataformas más utilizadas de nuestro país.

La petición está dirigida a los ayuntamientos de la provincia, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y “políticos en general”, pidiendo por tanto una discriminación positiva para una de las provincias más deprimidas del país.

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