sábado. 16.12.2017 |
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El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la modificación del decreto de las reservas regionales de caza

El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la modificación del decreto de las reservas regionales de caza

El Consejo de Gobierno ha aprobado modificar mediante decreto el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza relativo a las reservas regionales de caza con el fin de mejorar la gestión de las reservas y dar mayor participación y protagonismo a los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales. Se continúa favoreciendo el asociacionismo y la participación, manteniendo la figura de la Red de Reservas Regionales de Caza, de manera que sirva para la promoción nacional e internacional de estas figuras, y se desarrolla el fondo de gestión de las reservas para garantizar su financiación.

Mediante la modificación, se continúa con el modelo de cogestión comenzado en el año 2013 en el que la Junta de Castilla y León asume la gestión técnica mientras que los propietarios, la mayoría entidades locales, asumen la enajenación de los aprovechamientos cinegéticos.

Asimismo, esta regulación dota de mayor participación a estos propietarios de los terrenos y fomenta el asociacionismo voluntario, lo que permite que puedan asumir otras actividades complementarias a la caza como el turismo en la berrea, el fotográfico de la fauna o la comercialización de carne de caza, en otras. Con este objetivo la Red de Reservas Regionales de Caza facilita afrontar acciones conjuntas para favorecer la proyección nacional e internacional (especialmente los mercados de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania y Oriente Medio). Por último, se desarrolla el funcionamiento del fondo de gestión de las reservas regionales de caza, financiado por el 15 % del importe de los aprovechamientos cinegéticos, sin perjuicio de las aportaciones voluntarias que puedan realizar los titulares de estos aprovechamientos, y que servirá para la mejora de los terrenos de cada reserva y la promoción de la Red de Reservas.

La modificación aprobada viene a derogar el Decreto 38/2013, de 25 de julio, decreto que por aspectos formales en cuanto a su tramitación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante sentencia que aún no ha adquirido firmeza.

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