El sindicato independiente ANPE ha hecho público un año más su informe sobre las situaciones de acoso y violencia hacia los docentes, que ha tenido un repunte después de tres años de caídas a nivel estatal. Este se puso en marcha en el año 2005 como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar.
Así, durante los últimos doce años transcurridos, las cifras hablan de 32.538 casos atendidos, de los que 2.249 lo fueron en el curso pasado. De estos destaca que el 84% se corresponde al profesorado de Primaria y Secundaria, repartidos a partes iguales, mientras que un 7% se dio en Infantil y el resto se repartió entre las enseñanzas restantes.
Por lo que se refiere a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los concernientes a los alumnos, los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión y los relacionados con los padres. Así, en el caso de los primeros, lo relacionado con agresiones y amenazas han pasado del 3 al 12%, lo que más ha aumentado.
Sin embargo, también lo hizo en lo relativo a compañeros, cuando el curso pasado lo hizo en un punto en el ámbito de la administración educativa y dos puntos en lo relacionado a la dirección del centro hasta el 19% y 28%, respectivamente.
Por lo que se refiere a los padres, se observa un aumento en las denuncias a profesores (desde un 18% a un 19%), al igual que en la presión para modificar calificaciones (de un 7% a un 8%).
Ante los datos extraídos del informe, ANPE quiere mostrar su preocupación por el cambio de tendencia en el número de situaciones que alteran el normal desarrollo de la convivencia en los centros educativos, puesto que han aumentado en casi un 15% con respecto al curso anterior, y principalmente por el gran aumento en los casos de agresiones y amenazas por parte de alumnos a profesores.
“Estas y las anteriores situaciones destacadas están provocando inestabilidad emocional en los docentes llegando en algunos casos a producir serias consecuencias en su salud mental. El 9% de los casos presentaba depresión produciéndose en muchos casos baja laboral de distinta temporalidad”, comentan.
Comunidades autónomas
En relación a los casos atendidos por las diferentes comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la que más demandas recibe curso tras curso, en concreto en el ejercicio pasado los docentes que solicitaron ayuda en esta comunidad ascendieron a 1.165. A mucha distancia le siguen Galicia, Canarias y Murcia.
En Castilla y León, por su parte, aunque también aumentaron en el último curso estas no llegaron a las cien. Pese a ello, en la región sí han aumentado los casos violentos en las aulas y centros durante los dos últimos años.
La mayor parte de centros atendidos son públicos, un 92%. Este porcentaje se justifica, no sólo por la existencia de más centros públicos que privados, sino porque ANPE es un sindicato de la educación pública. De todos modos, el servicio atiende a cualquier docente que solicita ayuda y por ello queda reflejado que un 3% de las peticiones proceden de centros que no corresponden a titularidad pública.
Medidas
Tras el análisis y valoración de los casos atendidos este curso, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor insisten en la propuesta de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería contar, entre otros, con la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar.
Además, también piden un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos, así como el cumplimiento de los Decretos de convivencia, y los Planes de convivencia y los Reglamentos de régimen interior de los centros.
Por otro lado, aseveran en la necesidad de un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar en la asistencia jurídica y psicológica gratuita, así como el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso y el compromiso, por parte de la Administración, para el tratamiento rehabilitador de los agresores.
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