La dotación presupuestaria del Programa de Fomento de Empleo Agrario de Castilla y León para 2021 alcanza los 4,67 millones de euros, lo que supone un 9,6 por ciento más que en 2019 y 2020.
La Comisión Regional de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, celebrada esta mañana en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, presidida por el delegado, Javier Izquierdo, dio el visto bueno a la distribución provincial de esta cantidad propuesta por el SEPE entre las cuatro provincias que abarca el Plan, Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, consideradas zonas desfavorecidas.
El número de trabajadores contratados gracias a la subvención concedida a los ayuntamientos en 2020, 4,26 millones de euros, fue de 895, (377 en Ávila, 259 en Salamanca, 147 en Valladolid y 112 en Zamora), de modo que el Gobierno indicó que el incremento de la partida "permite augurar a su vez un crecimiento del número de puestos de trabajo que se crearán, y la actualización de las cantidades que estos perciban por su trabajo, en concordancia con el Salario Mínimo Interprofesional".
El objetivo del Programa es permitir que los trabajadores agrícolas por cuenta ajena del Régimen Agrario, que trabajan en el campo durante la primavera, el verano y parte del otoño, puedan estar empleados también en el medio rural en el que residen el resto del año, participando en actuaciones municipales que se financian con estas subvenciones, y completando así sus rentas, lo que redundará en el mantenimiento de esa población en sus municipios.
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, destacó que este Programa es una muestra más del "compromiso" del Ejecutivo de España con el medio rural y las zonas más desfavorecidas, y una traslación a la realidad de su apuesta decidida por el reto demográfico, puesto que permite acometer obras de interés general para estos núcleos (mejoras urbanísticas y dotacionales) y al mismo tiempo, ayuda a fijar población.
En la Comisión participan, además del delegado del Gobierno y el director provincial del SEPE, Francisco de Lucas, el director del Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno, y los representantes del ECYL, diputaciones provinciales, ayuntamientos inversores, CCOO, UGT, UCCL y CEOE.
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