La Asociación de Pescadores Ribereños comunicaba hace unos días a este grupo político su malestar con la ley FYM/160/2014, aprobada por la Junta, en la que la mayor parte de los ríos que antes eran de pesca libre se han convertido en AREC, es decir zonas de pesca controlada. La pesca de la trucha ha pasado de considerarse " pesca normal" a "pesca sin muerte", con el consiguiente perjuicio que ello ocasiona a los pescadores, al exigírseles en la inmensa mayoría de los ríos un permiso que han de solicitar vía Internet. La otra alternativa, explica ADEIZA, que se les ofrece es un número de teléfono donde además de cobrar la llamada, casi nunca se opta a la tan deseada autorización. Para la formación política, estas dos opciones “dejan fuera a los más vulnerables de entre nuestros conciudadanos, como son los pescadores de más edad y los niños”.
ADEIZA asegura que con esta normativa tan restrictiva hemos perdido los ingresos en tasas y permisos de las más de 80.000 licencias que se han dejado de expedir a causa de tan incongruente normativa. “Este dinero muy bien hubiera podido servir para invertirlo en la limpieza de nuestros ríos, el levantamiento de presas artesanales y sobre todo para evitar los vertidos de las aguas residuales que tanto daño hacen a la salud de nuestro entorno. No hay depuradoras y éste sí es el verdadero problema de que la repoblación de las truchas sea más baja de lo esperado y no los pescadores, como parece desprenderse del espíritu de la norma”, aseguran desde el grupo de independientes.
Además, un sector que también sufre esta situación de manera indirecta es el de la hostelería. Se quejan los que regentan dichos negocios que sus ventas han mermado sustanciosamente desde su entrada en vigor. “No llega la misma afluencia de pescadores que en años anteriores y eso se traduce para ellos en menos ingresos, al no contar ya con las comidas y consumiciones que éstos realizaban en sus establecimientos”, comentan.
Por todo eso, ADEIZA se posiciona “al lado de la razón y del sentido común en las rectas reivindicaciones del pueblo zamorano. Creyendo que es de justicia que La Junta tome de una vez en cuenta las diversas particularidades que afectan a Zamora y su provincia y deje de perjudicarnos en cuantas decisiones toma”.
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