El sindicato CGT ha advertido de que el Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León deja de considerar a los celadores que vigilan e inspeccionan como meros "auxiliares de la autoridad" en lugar de como "autoridad competente" y considera que puede suponer una "gran merma" en la protección medioambiental pública.
La Coordinadora de CGT en la Junta de Castilla y León ha enviado un comunicado a todos los procuradores autonómicos y los grupos políticos para incidir en que en este proyecto se produce una modificación "sustancial" en la redacción y aplicación práctica del anteproyecto en lo que compete a los agentes de vigilancia e inspección.
Así, el sindicato ha explicado que aunque la redacción del anteproyecto no presenta variaciones respecto a la actual redacción de la vigente Ley de Caza de Castilla y León, en este caso, a "autoridades competentes" sí que se modifica sustancialmente la redacción del proyecto posterior pasando este colectivo de empleados públicos a ser considerado únicamente como "auxiliares de la autoridad".
El sindicato ha recalcado que los celadores de Medio Ambiente son personal laboral de la Junta de Castilla y León y destaca entre sus funciones la de denunciar las infracciones cometidas sobre la flora y fauna en terrenos cinegéticos en régimen especial, espacios naturales y aguas continentales de la Comunidad.
AGENTES DE LA AUTORIDAD
Por ello, su definición como "agentes de la autoridad", expresamente recogida además de en la Ley de caza vigente es, por tanto, "esencial" a la hora de poder desarrollar su cometido con garantías y seguridad jurídica.
También aclaran que el hecho de ser personal laboral y no funcionario no es impedimento legal para ostentar dicha consideración, puesto que, tal y como el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente, "los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado".
Por este motivo, el sindicato ha asegurado que el Código Penal recoge que se considerará funcionario público a todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas, con lo cual, hace extensivo a efectos penales y, por ende, al procedimiento sancionador administrativo la consideración de "funcionario público" a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
CGT ha insistido en que la labor de los celadores de Medio Ambiente "es fundamental" en el control del furtivismo dentro de las reservas regionales de caza para ayudar a proteger la flora y fauna en terrenos cinegéticos, espacios naturales y aguas continentales de la comunidad, lo que hace imprescindible que se mantenga su estatus como agentes de la autoridad.