Desde la Alianza COAG-UPA se vienen denunciado, ya desde hace varias campañas, los perjuicios económicos que ocasionan en los cultivos de las parcelas limítrofes, los conejos instalados en las distintas vías de comunicación de nuestra provincia, principalmente en las nuevas autovías, sin que desde las distintas Administraciones titulares de las mismas, hayan tomado medidas serias y responsables que los minoren, ni reparado a los afectados los importantes daños que estos soportan.
Debemos tener en cuenta que conforme la Ley de Caza de Castilla y León, se consideran zonas de seguridad, entre otras, las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas, zonas en las que se prohíbe cazar en atención a la adecuada protección de las personas y de los bienes. Así mismo, está prohibido el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales, comarcales y locales, en una franja de 50 metros de anchura a ambos lados de la zona de seguridad, lo que imposibilita que el control pueda realizarse por los responsables cinegéticos de los cotos de caza en su vertiente más común, que es mediante perros y escopeta.
La Alianza ha denunciado también en muchas ocasiones el estado de abandono en el mantenimiento de los márgenes de algunas vías de comunicación, en las que se plantaron especies no autóctonas que se han expandido de forma alarmante, que ayuda al asentamiento y proliferación de conejos, y que dificulta aún en mayor medida su posible control poblacional, e incluso la adopción de medidas mediante la instalación de cerramientos efectivos que impidan el acceso de los conejos a los cultivos colindantes
Denunciás también la actuación de determinadas Administraciones como la del Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, porque lejos de tomarse este asunto con la seriedad que requiere, ni acomete inversiones en cerramientos protectores, ni hace seguimiento del cumplimiento de los contratos de mantenimiento que al respecto de descastes tiene para algunas vías concretas, ni asume indemnizaciones que compensen los daños soportados. Y lo que aún es también denunciable, a nuestras Organizaciones Agrarias, que hemos solicitado en reiteradas ocasiones la adopción de medidas, se nos ha instado a que solicitemos como Organización los permisos de control necesarios, y que seamos nosotros los que los llevemos a cabo. O incluso en determinadas solicitudes de permisos de control realizadas por particulares, en las que para abrir el necesario expediente, se les exige unas tasas (en torno a los 200,00 €) por el estudio y la tramitación de la solicitud, previas a la resolución del mismo, lo que desmotiva completamente el realizarlo con los medios propios del cazador y/o agricultor.
Deriva así la Administración toda responsabilidad hacía los agricultores, entendiendo que los daños son motivo de causas de fuerza mayor, y que por tanto no procede tomar medidas extraordinarias alguna en control de los daños, ni incluso se plantean la adopción de medidas compensatorias.
Es por todo ello que desde la Alianza COAG-UPA hemos comenzado una campaña de toma de información sobre los principales puntos afectados, siendo a día de hoy las principales vías en las que se nos han comunicado daños, las autovías A-11, la A-6, la A-62 y la A-66. Y más concretamente en términos municipales como: Morales de Toro, Toro, Villalpando, Cerecinos de Campos, San Cristobal de Enteviñas, Castrillo de la Guareña, Peleas de Abajo, .....), habiéndonos comunicado ya, aproximadamente y de forma inicial, unas 300 ha afectadas, principalmente de cultivos herbáceos, pero también en viñedo, con el agravante para estos casos de pérdida de planta como cultivo permanente.
Si en breve plazo de tiempo, las Administraciones titulares de la vía no tomasen medidas (control poblacional mediante hurones, limpieza de matorral en lugares de asentamiento, instalación de cerramiento protectores eficaces, etc), la Alianza COAG-UPA, en representación de todos aquellos agricultores afectados que tengan interés y de forma colectiva, presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños, avalados por las correspondientes peritaciones e informes técnicos de daños, porque entendemos que la instalación de la autovía, como servicio público, en zonas que han sido siempre de cultivo, ha supuesto y favorecido la proliferación de los conejos, que se han instalado en estas zonas de seguridad, titularidad de la Administración, y que siendo éstas conocedoras del problema, no han tomado ni toman las medidas de control necesarias por su propia cuenta y con su presupuesto, ni indemnizan por daños provocados.
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