La Alianza solicita a la Junta que abone de inmediato los pagos pendientes en ayudas clave

La Alizanda UPA-COAG estima que la grave situación de los profesionales del sector con los estragos que está ocasionando la sequía y las heladas, y la falta de tesorería de agricultores y ganaderos hacen necesario que la Administración regional pague urgentemente todas las ayudas.

La Alianza UPA-COAG solicita a la Junta de Castilla y León que de forma urgente abone ayudas pendientes de pago de campañas pasadas en líneas fundamentales como incorporación, mejora, agroambientales y ecológicas, entre otras.

La grave situación que sufre el sector actualmente debido a la sequía que ha afectado a la totalidad de cultivos y a los pastos, y a las heladas que han generado también importantes daños requiere de actuaciones urgentes por parte del Gobierno regional. Además la falta de tesorería que sufren los agricultores y ganaderos por los precios tan bajos percibidos la campaña pasada hacen absolutamente necesario que la Administración regional agilice ya mismo el pago pendiente a los profesionales del sector.

La Alianza UPA-COAG recuerda que la Junta de Castilla y León aún tiene pendiente de abonar a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma una partida económica muy importante correspondiente a campañas pasadas, a lo que habría que sumar la cofinanciación del Magrama y de la Unión Europea. 

La organización lamenta que exista este retraso en pagos tan importantes como la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias,  incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones,  zonas desfavorecidas y agroambientales, entre otras, cuando nos encontramos en unos momentos tan delicados para las economías de las explotaciones familiares.

 

Hacemos un llamamiento al sentido común de las administraciones para que cumplan su compromiso y agilicen el pago de ayudas pendientes en unos momentos como los actuales de endeudamiento severo y con previsiones muy negativas de ingresos. Todo lo que sea buscar excusas administrativas para ralentizar y demorar dichos pagos sería una irresponsabilidad absoluta, y supondría la puntilla definitiva a la viabilidad económica y supervivencia  de muchas explotaciones profesionales agrarias.

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