La Alianza UPA-COAG denunció hoy la “extrema carga burocrática” que deben asumir los ganaderos de Castilla y León, que a su juicio “cada día crece más” sin que se dé una solución a “un problema endémico” que llevan denunciando “desde hace tiempo”.
Entre las muchas las gestiones que se ven obligados a realizar los productores, se refieren a la nueva norma en relación a la recogida de cadáveres, donde ya no expiden el resguardo del animal retirado necesario para actualizar el libro de registro de explotaciones, algo que “supone un quebranto para no pocos ganaderos que se ven obligados a descargarse o a imprimir informes desde sus propios terminales tecnológicos, siendo esta tarea prácticamente imposible en algunos casos”.
La organización reclama a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León en un comunicado difundido por Ical “que comprendan la situación, que se pongan en el lugar de los ciudadanos que no pueden realizar determinadas tareas y que serían muy sencillas de cumplimentar por parte de los funcionarios públicos de las unidades veterinarias”.
Según apuntan, otros problemas de calado administrativo que siguen sufriendo los profesionales del sector son los de las guías y movimientos de ganado, o los inconvenientes de tener que contar de forma permanente y diaria con el veterinario de clínica, de reproducción, de calidad y que obliga a los profesionales del sector a “dedicarle más tiempo al papeleo y a la gestión que al cuidado de sus animales.
“La ganadería sufre hoy exigencias normativas que dificultan el trabajo de miles de explotaciones que se encuentran en zonas especialmente desfavorecidas y de montaña. Lo que podrían parecer simples tramitaciones electrónicas se convierten en problemas diarios con numerosas gestiones en zonas donde la tecnología en forma de internet no ha llegado aún o lo hace con enormes problemas”, lamentan.
La Alianza UPA-COAG recuerda que son las explotaciones pequeñas y medianas, gestionadas por autónomos y que suelen ser negocios familiares, los que más sufren esta situación. “La ganadería de Castilla y León sufre una fuerte crisis que ha provocado miles de cierres de explotaciones vacunas, ovinas y caprinas debido no solo a una fuerte reestructuración sino también por una grave falta de relevo generacional.
Castilla y León no puede permitirse perder más ganaderos y ganaderas, por lo que reclamamos un plan de apoyo a la ganadería que racionalice las normativas y que proteja a esta profesión, absolutamente imprescindible para la soberanía alimentaria de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país”, concluyen.
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