La Alianza UPA-COAG considera que el “mayor problema” está generado por la expansión geográfica “desmedida” del lobo y su “exponencial incremento” en el número de ejemplares por distintas zonas de la Comunidad autónoma y, en especial, en la provincia de Zamora. “Ello ha derivado en un incremento del número de ataques en las explotaciones ganaderas, sin que la Administración regional haya arbitrado hasta el día de hoy medidas tendentes a la justa y rápida compensación y al inmediato y necesario control poblacional”, señalaron fuentes de la Alianza a zamora24horas. “Dado que el lobo es patrimonio natural de Castilla y León, por tanto, debe ser la Junta de Castilla y León la que se responsabilice de él y, por lo tanto, la conservación y gestión del lobo debe ser considerada un servicio público”, añadieron.
En este contexto, ambas organizaciones agrarias presentaron de forma conjunta ayer en la Consejería de Medio Ambiente una serie de alegaciones al proyecto de Decreto para aprobar la modificación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León que gestiona la Administración autonómica.
UPA y COAG apuntaron que el Plan de Conservación y Gestión del Lobo “debería contemplar”, al igual que lo hace el artículo 106.2 de la Constitución Española, que todos los particulares “tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que tales daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
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