ASCEL lleva a los tribunales al Ministerio para la Transición Ecológica por no proteger al lobo

Aseguran que la protección surge de su iniciativa, que avalaba técnica y legalmente la protección nacional del lobo, propuesta que tuvo el respaldo unánime de un Comité Científico en 2020

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 La Junta y las organizaciones agrarias pedirán al Ministerio el cambio de régimen del lobo
La Junta y las organizaciones agrarias pedirán al Ministerio el cambio de régimen del lobo

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio de Transición Ecológica ante la negativa del Gobierno, por silencio administrativo, a proteger al lobo.

Un comunicado de Ascel señaló que la protección surge de una iniciativa de la asociación, que avalaba técnica y legalmente el cuidado nacional del lobo, propuesta que tuvo el respaldo unánime de un Comité Científico en 2020. Pese a ello, lamentó que el Ministerio no haya cumplido con sus obligaciones, con el “burdo pretexto” de la oposición de las comunidades autónomas.

Ascel inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España e incluirlos en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La nota añadió que el Ministerio retiró la cuestión en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas, a pesar del dictamen precio del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable para incorporar al lobo en el Real Decreto 139/2011.

“Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Sí se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno. Pero el trámite nunca se completó, y la orden no se firmó”, sentenció la Ascel.


Y que prosiguió que cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el Boletín Oficial del Estado es “engañar” a la ciudadanía y prolongar 'sine die' una decisión que solo compete al Gobierno Central.


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