Los campesinos de Zamora tomarán las calles por "una cadena alimentaria "justa"

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se movilizará en Zamora este miércoles 23 de febrero para reclamar, principalmente, una cadena alimentaria "justa" y una Política Agrícola Común (PAC) "para profesionales".

En cuanto al contexto, en el que se produce la convocatoria, los responsables han incidido en que 2021 ha sido un año "muy marcado" por las negociaciones, sobre todo de la PAC y su plan estratégico y por primera vez había una oportunidad para definir una Política Agrícola acorde a las necesidades de España, pero "lamentablemente" no se ha conseguido el objetivo de acercar la PAC a los agricultores y ganaderos "a título principal".

Por otro lado, han asegurado que desde verano se ha producido un aumento "desmesurado" de los costes producción, de manera que ahora mismo se complican "mucho" las cosas en "muchísimas" explotaciones tras incrementos del precio del 75 por ciento en el caso del gasóleo, del 45 en herbicidas, un 108 por ciento del nitrato, un 20 de la semilla o un 330 por ciento de la electricidad. 

Todo ello hace que se vean "obligados" a movilizarse, han asegurado, a la vez que han afirmado que están "convencidos" de que se pueden hacer "muchas cosas".

Así, han marcado los ejes en los que se puede actuar, el primero de ellos el relacionado con la cadena alimentaria, en la que consideran que las administraciones regionales y nacional tienen que evaluar, editar y publicar los costes de producción como referencia para que Ley de la Cadena Alimentaria recién aprobada tenga "validez".

Ahora, han explicado, la responsabilidad se "carga" a los productores y es "imposible" negociar con la industria, pero si se tuvieran unos costes "oficiales" se podrían hacer valer a la hora de firmar los contratos. También creen que se tiene que definir la "posición de dominio", dado que hay cadenas de distribución que tienen una cuota de mercado "enorme" e "imponen precios de arriba a abajo" y es una "asignatura pendiente" su definición y, cuando se haga, ha pedido "vigilancia" para evitar abusos.

Por otro lado, ante los costes de producción "disparados", han reclamado una fiscalidad "acorde", con un incremento de los gastos de difícil justificación en estimación directa y reducción de los rendimientos en los módulos. "Es simplemente ajustar la fiscalidad a la situación actual", han aseverado.

También ha recordado otras dos reivindicaciones "históricas" como la doble tarificación eléctrica y el gasóleo profesional, ya que el agrícola sigue teniendo un IVA "excesivamente alto" y es una cuestión de "voluntad política" su reducción.

En cuanto a la PAC, han asegurado que insistirán para que sea para los profesionales y creen que se puede modificar el plan estratégico, algo complicado pero que se puede hacer y que es una cuestión del Estado, que podría enviar otro nuevo para el próximo año y cambiar la definición de "agricultor activo", que realmente es el profesional, y "simplemente" seguir la estela de Francia o Alemania, que reparten más dinero entre menos personas, mientras que en España lo percibe "cualquiera que solicite ayudas", algo que "no puede ser", sobre todo dada la coyuntura actual, y ha advertido del posible cierre de muchas explotaciones.

Por su parte, han insistido en la reivindicación de buscar una solución para la tarifa eléctrica, algo que piden y que se les ha "concedido" tres veces y aprobando una ley para pagar el término de potencia sólo cuando usan la electricidad, dado que en sólo se usa la mitad del año para regadío.