El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su deseo este lunes de que "sea inmediata" la resolución judicial que suspenda de forma cautelar la Orden ministerial sobre el movimiento del ganado de Castilla y León en caso de tuberculosis bovina.
Dicho esto, ha mantenido el planteamiento de la Junta de Castilla y León de "ser muy flexibles" si bien ha matizado que hay que ser flexibles "dentro de la ley, de obligado cumplimiento", lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a renunciar a oponerse a la suspensión cautelar de la Orden del ministro Luis Planas que ha dejado sin efecto, a su vez, la resolución publicada el pasado 15 de mayo por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, gestionada por Vox.
La orden ministerial "sin precedentes" ha limitado el movimiento del ganado bovino en Castilla y León desde el pasado lunes, 29 de mayo, para evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria.
Además de esta orden, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el pasado 23 de mayo un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica "por fijar un marco normativo más laxo que contraviene la legislación europea y frente al inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales".
Según ha explicado el portavoz, con la resolución judicial que espera "de inmediato" se paraliza la orden del Ministerio y "concluirá el impacto negativo sobre el sector". "Ya bastantes problemas tiene", ha aseverado Fernández Carriedo en referencia a las consecuencias de la sequía en el sector agroganadero y a los elevados precios de los insumos donde sí ve "cierta expectativa de cierta desaceleración a lo largo de los próximos meses".
De hecho, los datos de la Contabilidad Regional correspondientes al primer trimestre del año presentados este lunes por el consejero constatan una aportación negativa del sector primario al PIB del 8,8 por ciento, "muy especialmente y más en el ganadero", sin cuya caída la economía de Castilla y León "podría haber crecido más" y rondar el 5 por ciento (el crecimiento ha sido del 4,6 por ciento).
Y respecto a las perspectivas para la agricultura, ha apostado por esperar a conocer más datos sobre la evolución de la sequía si bien ha admitido que no es posible que se mejoren las actuales cifras y ha augurado que la situación de 2023 podría llegar a ser "comparable" a la de 2017, cuando la cosecha fue "realmente negativa", y también con el ejercicio de 2019.
"El nivel actual de la cosecha está muy por debajo de la media", ha aseverado que no ha rechazado la posibilidad de que sea incluso "peor". Preguntado por cuándo se conocerán y activarán las medidas concretas de la Junta para hacer frente a las consecuencias de la sequía, el portavoz se ha limitado a afirmar que la Consejería de Agricultura está hablando con las organizaciones profesionales agrarias para conocer sus demandas y sus necesidades y ha recordado la exigencia de la Junta al Gobierno para que haya igualdad entre todos los territorios.
"Cuando haya noticias les informaremos", ha sentenciado el consejero y portavoz que ve importante que haya un Gobierno de la nación "pronto" para que pueda dar estabilidad y confianza a la economía española.
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