Castilla y León recibirá este año más de 9,3 millones para inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y 1,12 millones para actuaciones de bioseguridad en sanidad animal y vegetal. El Consejo de Ministros aprobó hoy dos reales decretos por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para sendas líneas de inversiones destinadas a la transformación ambiental y digital del sector agrícola y ganadero que suman un total de 345 millones de euros entre los años 2021 y 2023. Estas subvenciones financiarán actuaciones contempladas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por lo que serán financiadas con fondos del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU.
De esta forma, se contemplan 3,83 millones para inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería; 302.252 euros para transformación integral y modernización de invernaderos; 648.332 euros para inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola), y 4,53 millones para agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero.
El Gobierno destacó que este paquete de estímulos está destinado a promover la inversión privada contribuirá a mejorar la resiliencia del sector y su competitividad, al tiempo que se favorece la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente y la descarbonización del sector agrícola y ganadero. Las actuaciones previstas tienen como elemento central cuatro programas de apoyo para la ejecución de proyectos de inversión, cuyo objetivo es acelerar la transformación del sector agrario facilitando la adopción de las reformas estructurales necesarias y alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el medioambiente.
Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización, el 31 de diciembre de 2023, de la vigencia de los programas. Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como empresas de servicios agronómicos. Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre que integren un mínimo de cinco titulares de explotación; y cualquier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una explotación agropecuaria. Igualmente, se prevé el apoyo a inversiones realizadas por consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones agrícolas y ganaderas concretas, cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.
Las bases reguladoras permiten que sean las comunidades autónomas quienes ejecuten las actuaciones objeto de las ayudas, a través de las inversiones directas que pudieran efectuar con cargo a los créditos territorializados por el MAPA, y de acuerdo con la previa reserva de presupuesto que pudieran establecer.
En la concesión de las ayudas se priorizarán, con carácter transversal, los planes de inversión conjuntos que integrarán un mínimo de cincos solicitudes de proyectos de inversión y las inversiones colectivas promovidas por parte de entidades asociativas y empresariales del ámbito agrario reconocidas. Además de aquellos solicitantes que tengan la condición de joven agricultor o pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria, y las explotaciones en titularidad compartida de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre.
A estos criterios generales, se suman otros específicos en función de cada uno de los cuatro programas de apoyo que persiguen priorizar cuestiones como la concesión de ayudas a proyectos de inversión que propicien el uso en común redundando en un mayor impacto de las acciones o que favorezcan la sostenibilidad medioambiental e impulsen la competitividad del sector agrario.
Bioseguridad
Una de las dos líneas de ayudas aprobadas irán destinadas a subvencionar inversiones en materia de bioseguridad en sanidad animal y vegetal con un presupuesto total para las tres anualidades de 38 millones, de los que 12,6 corresponden a 2021 -6,3 millones para bioseguridad animal y otros tantos millones para la vegetal-. Castilla y León recibirá 1,12 millones, de los 229.672,8 euros serán para viveros y 897.618,64 para centros de limpieza y desinfección.
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