La organización profesional agraria Unión de Campesinos de Castilla y León celebró que el proyecto de ley por el que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) haya aceptado e incluido distintas enmiendas presentadas por la opa, especialmente la derogación de la prohibición general de quemas agrícolas para la práctica totalidad de las explotaciones agrarias.
Según señala UCCL en un comunicado remitido a Ical, la organización “ha hecho valer” ante las Cortes que la prohibición de quemas agrícolas comportaba costes económicos para los titulares de explotación, en especial a los de dimensión más modesta, sin representar beneficios ambientales reales. “Sabemos que ha habido mucha información contradictoria durante todo el procedimiento de aprobación, pero hoy finalmente podemos asegurar que hemos revertido las normas sobre quemas a como estaban antes de abril para la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas”, expresaron desde UCCL.
La medida aprobada dispensa de la regulación de quemas impuesta por el Gobierno en la Ley de Residuos a todas las explotaciones agrarias con menos de 50 trabajadores y con un volumen de negocio por debajo de los 10 millones de euros, que representan casi la totalidad del campo español. Esto ha sido posible al hacer uso de la excepcionalidad permitida en la Directiva de Contaminantes Atmosféricos, que es la que debe tenerse en cuenta en el caso de las quemas de restos vegetales.
Además, la Ley de Gestión de la PAC incorpora varias propuestas más de Unión de Uniones, organización estatal a la que pertenece UCCL. La primera de ellas relativa a la encomienda a ENESA para que estudie la implantación, dentro del Plan de Seguros Agrarios, de un seguro de sequía hidrológica para las superficies de regadío, una reivindicación largamente reclamada por la organización para mejorar la protección de las rentas de los agricultores.
Asimismo, se ha incluido en el texto la propuesta de enmienda de Unión de Uniones para que el Ministerio de Transición Ecológica establezca una zonificación que mejore la protección de suelos frente a la competencia de las macroinstalaciones generadoras de energía. En la actualidad, esta zonificación solo ampara terrenos de interés ambiental y, con la propuesta de la organización, se ampliaría también a terrenos de especial interés agrario.
El respeto a los derechos a los afectados por la brecha digital territorial o generacional es otro de los elementos incorporados a la Ley a iniciativa de Unión de Uniones, al quedar recogido que las Administraciones tendrán que establecer las medidas necesarias para que los agricultores y ganaderos puedan relacionarse con la administración cuando no sea posible por medios telemáticos.
UCCL también se muestra satisfecha de que enmiendas para prevenir y compensar los daños de la fauna salvaje al sector agrario por parte de la administración, o la corrección del ámbito de aplicación del Sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia (SETA) para asegurar la identidad de este sistema de cotizaciones de forma que no se cuestione su continuidad, hayan sido igualmente aprobadas.
Evitar doble sanción por condicionalidad
Por el contrario, desde la organización profesional agraria lamentan que se haya quedado en el tintero evitar que la ley contemple una doble sanción por condicionalidad y por la aplicación de otras normas cuando se produzca un único incumplimiento. No obstante, la Unión de Campesinos anuncia que seguirá batallando esta norma, que considera inconstitucional, hasta las instancias que sean necesarias.
“Estamos razonablemente satisfechos”, indican desde la organización, “sobre todo teniendo en cuenta que influir en una Ley no es fácil”. La organización agradece su apoyo a los diferentes grupos parlamentarios que han asumido sus propuestas y que las han votado favorablemente, y seguirá insistiendo en otros textos legislativos para impulsar las medidas propuestas que ahora se han quedado fuera.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios