COAG y la Unión de Autónomos reclaman al Gobierno que inicie el procedimiento para que agricultores y ganaderos puedan acogerse a la jubilación anticipada

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) solicitaron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio del procedimiento para permitir la jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos autónomos por la alta siniestralidad y el carácter penoso de la actividad, tal y como contempla el nuevo Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo.

En su opinión, “No es una cuestión de privilegios, sino de justicia social”, ya que el campo envejece jugándose la vida. “La elevada siniestralidad, las enfermedades profesionales, y las durísimas condiciones laborales hacen insostenible alargar la vida laboral de nuestros hombres y mujeres del campo hasta los 67 años”, destacaron.

Exigieron que un agricultor que se vea obligado a prejubilarse lo pueda hacer manteniendo el 100 % de los derechos y prestaciones, como si dejara la actividad a la edad legal establecida.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, registró en sede ministerial el informe con los argumentos técnicos, jurídicos y sociales que respaldan esta demanda.

Por su parte, la secretaría general de Uatae, María José Landaburu, recordó que en el Estatuto del Trabajo Autónomo se recogió un compromiso claro: que los derechos sociales de los trabajadores autónomos convergerían con los del régimen general.

“Hoy damos un paso más en esa dirección”. Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, hemos solicitado formalmente que se reconozca el carácter penoso, peligroso e insalubre de determinadas actividades del campo, como la agricultura, la ganadería y la apicultura, que sufren una alta morbilidad y mortalidad laboral. “Este es sólo el comienzo”, subrayó.

Solo en 2023, el sector agrario registró el mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España, con 8,23 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, muy por encima de la media nacional, según COAG.

El riesgo se agrava notablemente con la edad: el índice de mortalidad laboral casi se triplica a partir de los 55 años, situándose en más de 20 muertes por cada 100.000 trabajadores en ese tramo de edad, según el Informe Anual de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

“Estamos hablando de personas que durante décadas manejan tractores de 35 toneladas, trabajan aisladas en entornos remotos y sufren una alta incidencia de infartos, amputaciones y enfermedades musculoesqueléticas. ¿Realmente alguien piensa que es razonable exigirles aguantar hasta los 67 años?”, denunció el responsable de Seguridad Social Agraria de la Comisión Ejecutiva de COAG, Javier Fatás.

COAG y UATAE subrayaron además la especial vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural, que enfrentan una doble carga física y mental, muchas veces con un nivel elevado de medicación en los últimos años de vida laboral, mientras siguen desarrollando tareas de alto riesgo.

“El campo no puede seguir pagando con vidas y salud la falta de sensibilidad de la administración. Es hora de que el Gobierno actúe y aplique los coeficientes reductores que la ley ya prevé. La agricultura y la ganadería profesional merecen el mismo trato que otros sectores penosos reconocidos, caso de la minería o bomberos”, concluye el secretario general de COAG.

Ambas organizaciones esperan que el Gobierno no demore este proceso, y que se reconozca, con base en criterios técnicos y jurídicos, el derecho de agricultores y ganaderos autónomos a una jubilación anticipada digna.