El Gobierno ha aprobado este martes el plan de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027, años en los que España recibirá 47.724 millones de euros por este concepto, y lo remitirá mañana a la Comisión Europea, que analizará su contenido durante los próximos tres meses. Así lo anunció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, donde recordó que, si se suma la cofinanciación nacional y autonómica, el importe de la PAC supera los 50.000 millones de euros en total, lo que supone más de 7.200 millones anuales.
Tras dar luz verde al plan, el Gobierno prevé enviar mañana su contenido a la Comisión Europea, que remitirá sus conclusiones de evaluación en marzo para que el Ejecutivo ajuste la PAC a las solicitudes de Bruselas. En este escenario, el Ministerio de Agricultura estima que el plan definitivo será aprobado en el primer semestre.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la gestión y control de la PAC, que tiene como objetivo asegurar una “aplicación uniforme” de los fondos en el conjunto de España. De cara a 2022, Planas aseguró que el Gobierno confeccionará 17 reales decretos-ley para garantizar la aplicación de la PAC.
El Gobierno calcula que habrá hasta 630.000 perceptores de la PAC, que traspasará a España la tercera mayor dotación de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia. El plan aprobado este martes recoge ayudas directas por más de 4.800 millones de euros anuales, 700 millones en materia de medidas de mercados, y 1.700 millones para impulsar el desarrollo rural.
El ministro de Agricultura defendió que el plan es “fruto del trabajo de los últimos tres años”, en los que se han celebrado más de 300 reuniones con organizaciones profesionales agrarias y medioambientales, la sociedad civil del mundo rural, las cooperativas agroalimentarias, y las comunidades autónomas.
Sobre las negociaciones con las comunidades, Planas subrayó el trabajo colectivo realizado un “país muy diverso desde todos los puntos de vista agronómicos”. En este sentido, congratuló a todas las partes por conseguir articular un plan nacional para el conjunto de España.
Planas aseguró que el nuevo plan de la PAC busca fomentar un sector agrícola “inteligente, resistente y diversificado” que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima –el plan establece que cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales–; y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Ayudas
Sobre este último punto, el ministro avanzó que se llevaran a cabo medidas para favorecer el relevo generacional en el campo, ya que dos de cada tres agricultores y ganaderos en España prevén jubilarse en la última década, y desveló que el Gobierno concederá una prima del 15% en las ayudas destinadas a mujeres, para fomentar la incorporación de agricultoras y ganaderas jóvenes.
Asimismo, el plan de la PAC recoge medidas como la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros.
No obstante, Planas avanzó que se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso para evitar distorsiones de empleo, aunque adelantó que ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta.
Aumento dotación para 2022
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica otros tres de diciembre de 2014 sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), para permitir que los agricultores y ganaderos españoles puedan percibir más de 7.425 millones de euros en ayudas en el año 2022, último ejercicio de transición entre el anterior marco (2014-2020) y la entrada en vigor de la nueva PAC.
Estos 7.425 millones previstos para 2022 incluyen tanto el Fondo Europea Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), del que proceden las ayudas directas, como del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), que financia las actuaciones del llamado segundo pilar de la PAC.
Asimismo, las principales modificaciones del decreto se refieren a la definición de “coeficiente de admisibilidad de pastos” para permitir que las comunidades autónomas puedan establecer en su normativa un valor mínimo de coeficiente por debajo del cual dicha superficie no se considerará subvencionable.
También se modifican las ayudas asociadas ganaderas para que las autoridades competentes puedan aplicar la opción más beneficiosa para los solicitantes que comiencen su actividad.
Por último, el Consejo de Ministros ha fijado el 30 de abril como fecha límite para la presentación de solicitud única a las ayudas del PAC, el 31 de mayo para la modificación de ésta, y el 31 de agosto para la adaptación de la solicitud en aquellos casos en los que se ha comunicado al solicitante alguna incidencia derivada de los controles preliminares o de los controles por monitorización.
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