Las Cortes regionales han aprobado, por unanimidad, exigir a la Junta de Castilla y León que resuelva las ayudas para paliar los efectos de la sequía antes de finalizar este año, atendiendo a todas las solicitudes presentadas que cumplan con los correspondientes requisitos establecidos.
El portavoz del Agricultura y Ganadería del Grupo Popular, Óscar Reguera, pidió al Gobierno autonómico un “esfuerzo adicional” para resolver estas convocatorias, “atendiendo las solicitudes presentadas que cumplan con los correspondientes requisitos establecidos en la normativa reguladora”.
Destacó que la Junta “cogió el toro por los cuernos para luchar contra el topillo y la sequía” y recibió una negativa del Gobierno central cuando “reclamó su colaboración”, porque se argumentó que “estaba en funciones”. “Semanas después se aprobó un Real Decreto que promulgó un paquete de medidas frente a la sequía y en la que no reconocía a Castilla y León este año”, criticó.
Por ello, la Junta “actuó en solitario” en dos bloques. Por un lado, el anticipo de la PAC con la liberación de más de 600 millones de euros, que reporta un esfuerzo “enorme”; y por otro, para “minimizar” los efectos de suministro de agua a explotaciones ganaderas, valoradas en dos millones de euros, y habilitar una línea de préstamos bonificados al cien por cien si el solicitante contaba con un seguro suscrito, con un montante de 40.000 euros por peticionario.
Las Cortes piden a la Consejería que resuelva antes de fin de año las convocatorias para paliar los efectos de la sequía
Atendiendo a todas las solicitudes presentadas que cumplan con los correspondientes requisitos establecidos.
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