La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes aprobó este martes por unanimidad que el Ministerio de Consumo consulte a los afectados y a las comunidades autónomas antes de aprobar el Real Decreto sobre los requisitos y las condiciones de la instalación de circuitos cerrados de televisión en los mataderos para garantizar la seguridad animal en sus sacrificios
La proposición no de ley, firmada por PP y Cs y presentada el pasado mes de mayo, se retocó en el debate después de que el pasado mes de octubre el Ministerio de Consumo anunciara una norma como marco nacional, por lo que la socialista María Rodríguez acusó a populares y naranjas de subirse ahora al carro después de haber rechazado la iniciativa en tal sentido de su grupo hace un año.
Sin embargo, el popular Óscar Reguera recriminó a los socialistas que esa propuesta fuera rechazada por no recoger su enmienda y se apuntó el tanto de que, tras la presentación de esta PNL, en mayo, el Ministerio haya reaccionado.
En concreto la proposición no de ley, pedía la elaboración de un proyecto de ley, pero se retocó para adaptarse al desarrollo planteado por el Ministerio dirigido por Alberto Garzón (Unidad Podemos), con la inclusión de que antes de la redacción el Real Decreto se consensue con los sectores afectados y con las autonomías y se defiendan los derechos de los ciudadanos grabados en los mataderos.
También, como insistió Reguera, que esta herramienta no sustituta a los veterinarios oficiales, a lo que se unió también la propuesta socialista de que una vez que se cuente con el Real Decreto la Junta legisle en la materia en base a sus competencias exclusiva.
Precisamente, en el texto modificado, se recoge que, consultado el parecer de la Junta sobre esta cuestión, desde la Consejería de Sanidad se considera adecuado un desarrollo normativo a nivel estatal, sin perjuicio de que, una vez aprobada la norma nacional, se aborde el desarrollo reglamentario autonómico correspondiente.
Se mantiene que se valore el impacto sobre los costes de producción y de control y sus formas de compensación, así como que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal de los ciudadanos afectados por las grabaciones.
La procuradora de Cs Inmaculada Gómez manifestó que Francia o Reino Unido tienen una regulación como la propuesta, afirmó que se trata de proteger a los animales en el momento de la matanza y se refirió a escenas violentas que ponen en entredicho su seguridad.
Por su parte, el parlamentario del PP Óscar Reguera argumentó que ésa hubiera sido innecesaria si al debatir otra del PSOE se hubiera aceptado la enmienda formulada por su grupo y que hoy se presenta como PNL. De esencial, calificó garantizar la protección de los animales que se sacrifican, aunque reconoció que va a satisfacer a los animalistas, pero si abogó por que desde el punto de vista humano se suprima lo que no sea necesario en el proceso.
La socialista María Rodríguez criticó que el PP se suba ahora al carro, una vez que el Ministerio de Consumo anuncia una norma nacional, pero los populares votaron en contra de una iniciativa socialista en el momento en que se conocieron unos hechos en mataderos de la Comunidad que fueron noticia nacional.
“Ni escuchan, ni pactan, en esa unilateralidad en la que han entado”, argumentó Rodríguez, que también apuntó a “la incohencia” de Ciudadanos y anunció el voto favorable, pese a lo que estimó como “mala fe” de los ponentes al presentar un texto cuando el Ministerio de Consumo ya ha anunciado un marco estatal.
En la réplica, Reguera, tras calificar a María Rodríguez de “meritoria” en su partido, abogó por el consenso frente a “la discordia” y sostuvo que el Ministerio en octubre les da la razón de que lo que se pudo hacer y no fue aceptado por el PSOE “era lo acertado”, para indicar que primero el Estado tiene que realizar la regulación y luego implementar las autonomías.
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