La organización agraria tilda de “insuficiente” el porcentaje del 20% de ingresos procedentes de la actividad agraria que recoge la definición de ‘agricultor activo’ como perceptor prioritario de ayudas a la hora de medir su profesionalidad. “Se sigue dejando la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas PAC, un tercio del total”, aseguran fuentes de COAG. “Además, esta situación lastra la competitividad de nuestros profesionales frente a los de países de la Unión Europea”, en alusión a Francia y Alemania, en donde sólo reciben ayudas los verdaderos profesionales, en torno a 350.000, frente a 900.000 perceptores en España, y la media de PAC por explotación es un 69% más elevada, 20.000 euros por beneficiario en Francia, frente a 5.000 en España.
En cuanto a los jóvenes profesionales, el nuevo modelo de ayudas desacopladas sobre la base de las referencias históricas “pretende consolidar el esquema de percepción de ayudas PAC de los últimos años”, manteniendo importes equivalentes para los actuales beneficiarios del régimen de pago único y “cerrando la puerta” a los agricultores jóvenes que no hayan percibido ayudas en los últimos años. “Este planteamiento, conocido como ‘statu quo’, sitúa en inferioridad a los agricultores jóvenes, marginándoles e impidiéndoles trabajar en igualdad de condiciones, dificultando el vital relevo generacional”, indican las mismas fuentes.
Por otra parte, miles de agricultores profesionales de frutas, hortalizas y viñedo “se quedarán sin acceso” a las ayudas PAC, lo que supone dejar fuera del sistema a un millón de hectáreas. “COAG siempre ha defendido ante el Magrama que los agricultores activos profesionales que cultivaron viñedo, frutas y hortalizas en 2013, sin recibir ningún tipo de apoyo, tengan derecho a integrarse en el nuevo régimen de pago básico legitimados de la misma forma que el resto de agricultores activos, evitando así actuaciones discriminatorias contrarias a la reglamentación comunitaria.”, señalaron.
En este sentido se ha pronunciado el jefe de gabinete del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en una carta remitida a COAG, en la que sostiene que desde la Comisión “asegurarán que las decisiones adoptadas por las autoridades españolas estén en conformidad con la legislación de la Unión Europea”, en referencia a principios generales del derecho de la UE como el principio de ‘no discriminación’.
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