Ecologistas advierte de que la Proposición de Ley para blindar la caza en Castilla y León puede ser inconstitucional

Ecologistas en Acción ha advertido de que la Proposición de Ley respaldada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos y por el procurador de UPL para "blindar la caza" en Castilla y León vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, "aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional", por lo que podría ser considerada inconstitucional.

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A través de un comunicado de prensa, el colectivo ecologista considera que la Proposición de Ley registrada por el PP es "una huida hacia delante" de "evidente tinte electoralista". "Contrasta la diligencia mostrada en este caso con la lentitud de la reacción ante graves problemas sociales, como la falta de atención sanitaria en el medio rural o los desahucios", ha ironizado Ecologistas en Acción a este respecto.

En su opinión, las "graves consecuencias ambientales, sociales y económicas" de la "mala gestión cinegética" y de las sentencias notificadas desde el año 2003 deberían llevar a la dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medioambiente.

En este sentido, recuerdan que hace un años solicitaron ya la dimisión del actual consejero de Fomento y Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Medio Natural por elaborar y aprobar normativa cinegética que había sido declarada ilegal por los tribunales.

"Estas personas deberían haber dimitido (o ser cesadas) además, por no adoptar medidas de estudio, censo y correcta conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter de sostenible de la caza", han reclamado desde Ecologistas en Acción que insisten en que un año después, dos sentencias y tres autos judiciales "refuerzan e incrementan" los argumentos para pedir esas responsabilidades políticas.

Otro de los motivos de Ecologistas para pedir la dimisión de Suárez-Quiñones son los "graves desequilibrios" en las poblaciones cinegéticas a lo que añaden que incluso, para alguna de ellas, está amenazado su estado de conservación.

"Los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos sabían desde hace años que el soporte jurídico y técnico de su actividad estaba en el aire por carecer de los citados estudios poblacionales y ecológicos", han recordado por otro lado desde Ecologistas en Acción que han acusado a esos colectivos de haber callado y de haberse aprovechado de una "laxa, cómoda y favorable normativa".

"Que el consejero y juez, Juan Carlos Suárez-Quiñones justifique y defienda su gestión por razones económicas y que utilice como escudo a los cazadores, agricultores y ayuntamientos para no acatar escrupulosamente las sentencias y Autos Judiciales es demagógico, electoralista e impropio de un cargo público", han sentenciado desde el colectivo ecologistas que ve "proporcional" la medida cautelar de suspender la caza adoptada por el TSJ tras años de la Junta "ninguneando" sentencias en materia cinegética sin adoptar medidas eficaces para cumplirlas.

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