Ecologistas en Acción reclamó hoy a a las comunidades autónomas con poblaciones de lobo (Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias) que cumplan con la orden de protección del lobo y adopten urgentemente medidas para hacerla cumplir, asegurando la conservación de este depredador, fomentando la coexistencia entre el lobo y la ganadería y persiguiendo la caza ilegal.
Según explican en un comunicado recogido por Ical, la orden de protección del lobo (Orden del Ministerio para la Transición Ecológica RED/980/2021 de 20 de septiembre) supuso un gran avance para la conservación de esta especie y de la biodiversidad en general. Si bien Cantabria, Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León, y diversas asociaciones ganaderas, han recurrido esa orden ante la Audiencia Nacional, recuerdan que está “plenamente vigente”.
“A pesar de ello, esas autonomías continúan ‘en rebeldía’ y no cumplen con la orden. Un ejemplo es Castilla y León: según ha informado Asaja, se están negando a tramitar las correspondientes indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos, algo que Ecologistas en Acción considera irresponsable”.
Para el colectivo ecologista, las comunidades deberían estar trabajando en las consecuencias legales de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), haciendo una evaluación periódica del estado de conservación del lobo, tal y como establece el art 56.3 de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Y, especialmente, deberían adoptar medidas para evitar que se produzcan actuaciones con el propósito de dar muerte, capturar o molestar al lobo, como establece el art. 57.b) de la misma ley.
La organización ecologista considera que los recursos presentados contra la orden de protección del lobo, en los que interviene como parte codemandada en apoyo y defensa de su protección legal y asistido por las letradas Laura Díaz Román y Jaime Doreste Hernández, tienen muy escasas posibilidades de éxito. De entrada, todas las solicitudes de suspensión cautelar formuladas están siendo rechazadas por la Audiencia Nacional, quien ha dejado claro que esta orden no produce perjuicios irreversibles y que “debe prevalecer el interés general de conservación de la especie, sobre esos posibles daños económicos, debiendo ponerse de manifiesto que los propietarios y criadores de animales mantenidos al aire libre, tienen el deber en la medida en que sea necesario y posible, de protegerlo contra los depredadores”.
Ecologistas en Acción considera que, dado que el proceso judicial se presume largo y con pocas esperanzas para las pretensiones de las autonomías, estas deberían estar ya aplicando la normativa vigente en lugar de gastar dinero público con estos estériles procesos judiciales.
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