La Junta ve reforzada su postura respecto a flexibilizar el régimen de protección del lobo y exige al Gobierno recuperar la capacidad de gestión de la especie

Desde el ente autonómico respaldan el cambio propuesto por la Comisión Europea para modificar el estatus internacional de los lobos de 'estrictamente protegido' a 'protegido'

Lobo. Archivo.
Lobo. Archivo.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ve reforzada su posición de flexibilizar el régimen de protección del lobo después de que ayer una nueva autoridad europea, en este caso la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), respaldase las tesis de la Comunidad.

La letrada pidió ayer la aceptación de la protección «atenuada» de las poblaciones de lobo que se encuentran al norte del río Duero y apostó por permitir, en general, la caza de este carnívoro, manteniendo un criterio favorable a las tesis sustentadas por la Junta de Castilla y León.

Kokott emite este informe como paso previo a que el TJUE dicte sentencia en el marco de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento relativo a la caza del lobo al norte del río Duero, un proceso que tiene su origen en 2019 y que pende del TEJUE desde 2022, cuya resolución ahora carece de efectos prácticos, pero sí tienen trascendencia los pronunciamientos técnicos que se puedan realizar, como es éste de la Abogada General del Tribunal Europeo.

El Gobierno de Castilla y León mantiene su posición de exigir al Ejecutivo central que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea, de modo que, como primera medida, la Junta recupere la capacidad de gestión de la especie, competencia de la que fue privada por la orden ministerial TED/980/2021, de 20 de septiembre.

El pronunciamiento de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suma a otros emitidos desde las instituciones comunitarias. El 20 de diciembre pasado, Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León. Fue una decisión que marca un antes y un después en esta cuestión, y que venía precedida por pronunciamientos favorables del Parlamento Europeo, de la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y de otras entidades europeas.

La Junta había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de que el Gobierno de España tomara en 2021 la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya estaba al sur, mediante su inclusión en el listado LESPRE (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial), endureciendo así el régimen permitido por la Unión Europea y retirando de facto las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y, en general, y a todas las autonomías loberas.

El Gobierno autonómico se posicionó en contra, entendiendo que era una decisión meramente ideológica y no de conservación, adoptada de forma unilateral, de forma procedimentalmente irregular y en contra de la voluntad de las autonomías loberas y de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, que se sumaron a esta posición llevando la citada orden ministerial a los tribunales, cuya sentencia está pendiente en la Audiencia Nacional.

Desde Europa se han ido sucediendo diferentes acontecimientos que, nuevamente, apoyan la posición que viene defendiendo la Junta de Castilla y León. Anteriormente al pronunciamiento de la Abogada General del TJUE, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado el pasado día 23 de enero propuso la revisión de los anexos de la Directiva de Hábitats en relación con ciertas poblaciones de grandes carnívoros.

Se reconoce el aumento positivo de las poblaciones de grandes carnívoros en la Unión Europea y se respalda el cambio propuesto por la Comisión para modificar el estatus internacional de los lobos de 'estrictamente protegido' a 'protegido' debido a nuevos datos sobre el aumento de las poblaciones. Finlandia –que llevó el tema al Consejo–, Austria, República Checa, Suecia, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Dinamarca, Croacia, Bulgaria, Letonia, Lituania y Hungría han cerrado filas claramente a favor de la acción de la Comisión para la flexibilización del régimen de protección. El comisario europeo de Medio Ambiente, Virgilius Sinkevicius, mantuvo la postura de la decisión adoptada por la Comisión el pasado día 20 de diciembre, de proceder a la reforma necesaria para llevar a la Directiva Hábitats la flexibilización del régimen de protección.

Apoyo a la postura de la Junta en 2022 y 2023

En el marco de las intensas gestiones realizadas por la Junta ante las instituciones y grupos de interés europeos en Bruselas, Castilla y León ha recibido varios apoyos.

El 24 de noviembre de 2022 el Parlamento Europeo se pronuncia por la protección de la ganadería ante los ataques de los grandes carnívoros en Europa en una histórica resolución, de 24 de noviembre de 2022, que reconoce el problema y pide a la Comisión y a los estados numerosas acciones en defensa de la ganadería, de la población y del mundo rural; postura claramente alineada con la flexibilización de la normativa defendida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyo titular había mantenido días atrás distintas reuniones y contactos en la capital belga con este fin.

El 25 de noviembre de 2022 se publica una carta de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a la vista de la resolución del Parlamento Europeo, dando instrucciones a los servicios de la Comisión para trabajar en el sentido acordado por el Parlamento.

Los días 26 y 27 de junio de 2023 el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea debate, a petición de Rumanía, el aumento de la población de grandes carnívoros y la amenaza que representan para los seres humanos y los animales, así como la necesidad de tomar medidas. Un informe que sólo tuvo la oposición de dos países –uno de ellos, España– de los 18 asistentes.

El 4 de septiembre de 2023 la Comisión Europea invita a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del día 22 sobre la población de lobos y sus repercusiones, y abre un proceso para la posible revisión del estatus legal del lobo en Europa. Ante esta petición, la Junta respondió con el envío de documentación e información al respecto, ejerciendo de coordinadora de otras autonomías alineadas en la misma posición.

El 13 de septiembre de 2023 se produce en el Parlamento Europeo un Debate de Actualidad sobre la ‘Revisión del Estatuto de Protección del Lobo y Otros Grandes Carnívoros en la Unión’, donde todos los grupos parlamentarios, salvo uno, se mostraron favorables a la adopción de medidas en el régimen jurídico que permita abordar con garantías y eficacia la recuperación del equilibrio entre el lobo y la ganadería. Algunos grupos parlamentarios europeos llevaron el caso del incremento de daños en Castilla y León.

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