Los mataderos de Castilla y León piden a la Junta un horario libre para "adaptarse a las demandas del sector"

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMACYL) reclamó a la Junta de Castilla y León un horario libre para que estas empresas “puedan adaptarse mejor a las demandas del sector y consumidores”. “El horario acotado a unas horas determinadas que les exige la Administración regional, no es viable para estas empresas que trabajan con animales vivos que están sujetos a muchas variables difíciles de restringir a un horario”, indicaron desde la organización.

AMACYL defendió que no hay ninguna ley que determine qué horario debe tener una empresa privada, y hay ejemplos, como algunos mercados centrales, que están abiertos las 24 horas, informa Ical. La asociación señala que ceñirse a un horario rígido, sin tener en cuenta las coyunturas estacionales como Navidad, Ramadán, o climáticas, como el reciente “tren borrascas” que dificultó mucho el trasporte de animales, “es entorpecer enormemente la viabilidad de unas empresas que son clave para el empleo rural, ya que prácticamente todas se ubican fuera de las ciudades”.

Los mataderos de la Comunidad sacan al mercado cada año más de 920.000 toneladas de carne de todas las especies, alrededor del 12% del total nacional, que suma unos 7,7 millones de toneladas.

Castilla y León cuenta con una de las industrias agroalimentarias más potentes de España, siendo la tercera en volumen de facturación —con más de 16.000 millones de euros en 2023, el 31% del total de la industria regional— y con una industria cárnica que supone por sí sola alrededor del 28% de la cifra de negocio agroalimentaria regional.

Unas cifras “verdaderamente” importantes, indicaron, que la Junta de Castilla y León “debe velar por seguir manteniendo y potenciando”. Desde AMACYL recalcan que “la ausencia de un horario libre lastra las posibilidades de crecimiento y viabilidad de estos centros que dan empleo a miles de personas en nuestra comunidad en el medio rural”.

Los mataderos de Castilla y León también reclaman una “mayor agilidad” en toda la materia legislativa que regula los sacrificios y estos centros. "Las normativas son extensas y a veces complejas y sin criterios unificados, por lo que requieren aclaraciones que en muchos casos tardan mucho tiempo en ser contestadas. Queremos cumplir la ley y sabemos que tiene que haber unos controles que son necesarios, pero reclamamos mayor agilidad cuando hay determinadas cuestiones que no están lo suficientemente desarrolladas y necesitan una aclaración rápida para que la actividad se desarrolle con normalidad y ajustada a las nuevas normativas que se publican”, señalan desde esta asociación.

AMACYL ha triplicado el número de socios

Debido a estos problemas y otros que les afectan, AMACYL asegura que “ha cogido mucha fuerza en poco tiempo, triplicado el número de asociados y con representación en todas las provincias de la Comunidad”. “Cada vez somos más porque nuestros problemas son comunes y en la unión reside la fuerza para tener una interlocución fluida y dialogante con la administración que permita cambiar las cosas que se pueden mejorar para el bien del sector y sobre todo de los consumidores”.

Entre otros problemas que afectan a los mataderos y cuya solución siguen reclamando, está la aportación económica obligatoria para todos los operadores del sector de la carne de vacuno y ovino en España, destinada a financiar actividades de promoción, comunicación e imagen del sector. “Estas cantidades que tienen que recaudar y destinar a Provacuno e Interovic por cabeza sacrificada, 16 céntimos en el caso del ovino y euro euro en el caso del vacuno, son totalmente desproporcionadas y abusivas, por lo que deberían ser reconsideradas”, señalan desde AMACYL.

También denuncian que muchas ayudas Leader a las que los mataderos pueden acceder para impulsar inversiones o modernizar sus instalaciones, “acaban quedando desiertas por la cantidad de requisitos exigidos”. “Estas ayudas suelen estar ligadas a la creación de empleo o contratación de mujeres, pero no tienen en cuenta la ubicación de estos centros, mayoritariamente rural, donde la población que vive es reducida”. Así, desde AMACYL piden “mayor flexibilidad” en los requisitos y reorientar el objeto de las ayudas a la mejora de la competitividad y al mantenimiento del empleo para que estos centros puedan continuar con su actividad y fomentando el desarrollo económico de las zonas en que están implantadas.