La sequía se ha convertido en la principal amenaza de agricultores y ganaderos de toda España y, en especial, de Castilla y León. Tanto es así que desde la Consejería de Agricultura catalogan estas medidas de "urgentes" puesto que los agricultores y ganaderos ya disponen de ellas y esta rapidez se debe "a un esfuerzo por parte de la administración" tal y como explicaba el director general de producción agropecuario asegurando que esta situación no se había producido en otros periodos de sequía como lo fue 1992.
Ante esta situación desde el Gobierno central y desde la propia Junta han impulsado un paquete de ayudas por valor de más de 1.900 millones de euros para que tanto agricultores como ganaderos puedan afrontar la campaña del próximo año y garantizar la "liquidez de los productores" siendo Castilla y Lón la única comunidad en la que se han tomado medidas específicas.
Medidas que comprenden desde el anticipo de la PAC hasta prestamos bonificados en su totalidad. El acuerdo con la UE para el adelanto de las políticas agrarias se traduce en poder percibir el 70% a partir del mes de octubre. Por otro lado se plantea el aplazamiento de las cuotas de la seguridad social durante doce mese así como préstamos con intereses bonificados.
Esto supondría un ahorro del 100% pero únicamente podrán beneficiarse de esta medida aquellos productores que cuenten con seguro agrario y sean profesionales, esta última característica se tomará en consideración en función de la renta.
En el mismo sentido, para poder tener acceso a los préstamos bonificados los productores deberán estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, bien en el sector agrario o por cuenta propia, haber obtenido en la última campaña del IRPF al menos el 50 por ciento de su renta total de actividades agrarias o de actividades agrarias complementarias y tener suscrita una póliza en el año 2016.
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