Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide impulsar un plan de rescate agrario integral para afrontar los problemas del sector y un observatorio de costes y precios alimentarios ante la subida de los productos de la cesta básica.
Con su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los de Yolanda Díaz se proponen afrontar la situación de crisis que está viviendo el sector agrario, que en 2022 aportó el 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en España y que se ha configurado como "estratégico" por su relevancia económica y social.
Una crisis, dice la formación, que obedece a causas "estructurales", como son un mercado con un "alto componente especulativo", el cambio climático, la sequía o unas políticas agrarias y comerciales europeas "cada día más liberalizadoras".
"Es fundamental tomar medidas para proteger a este sector, a sus trabajadores y trabajadoras, en uno de sus momentos más duros", remarca el grupo plurinacional en su propuesta.
COMPENSAR LAS PÉRDIDAS DE LOS PRODUCTORES
Por ello, Sumar insta al Gobierno a trabajar desde varias perspectivas los problemas del sector. Primero en una comisión interministerial de sequía con especial interés en la elaboración de marcos para los planes de emergencia por sequía, con la participación de las organizaciones interesadas.
Por otro lado, la formación reclama trabajar en medidas de control del desequilibrio existen entre oferta y demanda, de modo que se dote del presupuesto suficiente para compensar las pérdidas de los productores.
La compensación de las pérdidas se acompañaría con un plan de rescate agrario integral a corto, medio y largo plazo que se elaboraría con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto. La idea de este plan es afrontar el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas o la falta de relevo generacional.
FLEXIBILIZAR LA PAC
Pero también plantean fórmulas de flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC), de modo que se tenga en cuenta el tamaño de las explotaciones en las exigencias burocráticas.
A renglón seguido, piden reforzar en materia de inspección la Ley de Cadena Alimentaria, que es la norma con la que se prohibió la venta a pérdidas. Es en este punto donde Sumar sugiere poner en marcha un observatorio de costes y precios alimentarios, ya que los productos básicos de la cesta de la compra se han incrementado en casi un 20% a pesar de las rebajas del IVA aprobadas en los últimos meses.
También proponen los de Díaz reconocer a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como representantes e interlocutores del sector y mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales. Por último, instan a estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario.
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