La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, señaló este miércoles que detrás de la caza del lobo “jamás” ha estado controlar las poblaciones de esta especie para proteger las explotaciones ganaderas, sino la autorización de “cupos” de ejemplares a capturar en cotos y reservas cinegéticas.
Ribera realizó esta afirmación en el pleno del Congreso de los Diputados, como respuesta a una interpelación urgente formulada por Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, a propósito de la orden en la que trabaja Transición Ecológica para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que supondrá que el animal dejará de ser una especie cinegética al norte del Duero.
“Lo cierto es que, en general, la caza del lobo jamás se ha regido por criterios poblacionales o de gestión y protección de la ganadería, sino que, habitualmente, se ha regido por razones asociadas a cupos de animales a cazar", señaló Ribera, quien matizó que "no es lo que ocurre en todos los casos en aquellas Comunidades Autónomas donde sigue siendo especie cinegética, pero sí lo más habitual".
El procedimiento para incluir el lobo ibérico en el Lespre se inició en septiembre de 2019, cuando la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) planteó al Ministerio para la Transición Ecológica que valorara la posible inclusión del lobo como especie ‘vulnerable’ en toda España, dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Ello supondría dar la máxima categoría de protección al lobo, pero el Comité Científico del Ministerio dictaminó que no hay suficiente información para ello y propuso que, subsidiariamente, se incluya a la especie en el Lespre, lo que supone un único régimen de protección en toda España que prohíbe la caza deportiva y que cualquier control poblacional sea excepcional, controlado y bajo criterios científicos.
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad decidió el pasado 4 de febrero, con nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención, que el lobo ibérico se incluya en el Lespre, y Transición Ecológica trabaja ahora en una orden ministerial en este sentido, lo que ha soliviantado a organizaciones de ganaderos y a algunos partidos de la oposición tanto en el Congreso como en el Senado.
Según Ribera, algunas Comunidades Autónomas “no querían hablar nada, ni de la catalogación ni de la gestión” del lobo ibérico. “Las cosas, tal y como están, no funcionan”, comentó, antes de añadir: “No son buenas para nadie, ni para los ecosistemas del lobo, por un lado, ni para la ganadería y los titulares de explotaciones que ven con preocupación lo que ocurre, ni, por supuesto, para las administraciones competentes a la hora de intervenir y custodiar tanto la protección de la biodiversidad como de la ganadería y la coexistencia”.
Ribera subrayó que hace falta un sistema de gestión “homologable, comprensible, entendible y enormemente solidario” cuando se producen ataques de lobos a explotaciones ganaderas, puesto que el actual “está fragmentado y es poco solidario y poco garantista”, ya que las indemnizaciones por daños están consolidadas principalmente en los lugares donde el lobo está protegido. Por ello, afirmó que la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo beneficiará al sector ganadero porque facilitará una mejor cobertura de indemnizaciones por daños.
“No se trata de engañar, no se trata de decir que con unos eurillos se resuelve el asunto, para nada. Jamás nadie ha hecho una afirmación tan frívola como ésta. Necesitamos una coexistencia justa con los ganaderos, con quienes hacen de su modo de vida algo fundamental para el bienestar social y ambiental de este país”, respondió Ribera a Martínez Oblanca.
"Billetes verdes"
Por su parte, el propio Martínez Oblanca apuntó que Ribera ha logrado “de una tacada” que Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León “discrepen rotundamente” de que el lobo sea incluido en el Lespre, y que los ganaderos estén “disgustados y contrariados” ante esta medida. “Le recuerdo al Gobierno que ésta no es cuestión de indemnizaciones ni de ‘euroseñuelos’. Estamos ante un sector dolorosamente harto de complicaciones, pegas e impedimentos periciales para cobrar los daños tarde, mal y nunca”, dijo.
Martínez Oblanca reiteró que no se trata de “billetes verdes”, sino del “impacto emocional que supone para un ganadero y para su pueblo el macabro hallazgo de un rebaño de ovejas y cabras degolladas o de vacas y terneros destripados o de caballos y potros muertos y malheridos o de animales de granja masacrados”.
“Hagan el favor de no exhibir las chequeras como camelos”, comentó, antes de sentenciar que hoy en día “no existe peligro de extinción” del lobo ibérico y, según añadió, Transición Ecológica proyecta un aumento de un 18 por ciento en las manadas hasta 2030 y que la especie se expanda a otros territorios.
“Sería muy ilustrativo conocer en qué lugares quieren expandir el lobo y qué pueblos al sur del río Duero y por toda la península desean tener a tan incómodo vecino, emblemático, hermoso y bello, pero salvaje e incómodo”, apostilló.
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