La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, urgió la aprobación de la Estrategia de Gestión del Lobo, documento en el que el Gobierno y las comunidades autónomas trabajan en la actualidad y que “determina y habilita” una cifra de 20 millones de euros para dar respuesta rápida a los daños a ganaderos que se pudieran producir.
Además, este texto también analiza la posibilidad, dijo, de “invertir en medios preventivos o de alerta en el supuesto de que haya lobos en proximidad” y da la seguridad jurídica para que, en caso de haber algún tipo de intervención por parte de los funcionarios que ostentan en exclusiva “la potestad del ejercicio de la fuerza”, éstos pudieran hacerlo.
Ribera, que presidió un acto en Valladolid para la adhesión de la capital del Pisuerga, Soria, Zaragoza y Vitoria a la iniciativa ‘Ciudadanos Climáticamente Neutrales 2030-CitiEs 2030’, recordó que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) prohíbe “plenamente” su caza, “el elemento añadido más relevante de este hecho”, como consecuencia, dijo, del criterio de la Comisión Científica y de la solicitud de las organizaciones ambientales, y en coherencia con el dictamen del Consejo de Estado.
Al respecto, admitió que algunas comunidades autónomas han solicitado “tiempo extra” para hacer nuevas aportaciones a la Estrategia de Gestión. “Estoy segura de que estas mejoras se irán produciendo en estos días y podremos aprobarla cuanto antes, porque es la mejor manera de poder facilitar la convivencia y la respuesta que necesitan los ganaderos”, concluyó.
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